Tiempo corto, problemas de fondo. El nuevo ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, tiene escasos 77 días para resolver, o al menos dejar encaminados, los temas de seguridad ciudadana y de política interna al nuevo Ejecutivo, que se posesionará el 24 de mayo próximo.

Martínez, que hasta el viernes pasado se desempeñó como ministro de Transporte y Obras Públicas, dio algunas pistas de lo que será prioridad durante su gestión, luego de la renuncia de Patricio Pazmiño.

“Ofrezco mi trabajo en seguridad ciudadana”, escribió en su cuenta de Twitter minutos después de que el presidente Lenín Moreno anunciara su designación.

Vladimiro Álvarez Grau, exministro de Gobierno, considera que esa es una tarea fundamental para el funcionario, en momentos en que los casos de inseguridad generan zozobra, más cuando las propias autoridades reconocen el avance del crimen organizado.

“Para lograrlo hablamos de, por lo menos, ocho etapas, entre las que destacan la prevención, la disuasión con presencia policial y la represión apegada a los derechos humanos. Aquí también podríamos mencionar la sanción y posterior rehabilitación. En un momento delicado como el que se vive se necesita firmeza para lograrlo, pero también recursos, que es lo que muchas veces falta”, dijo Álvarez.

Este cambio se produce en un momento de tensión, cuando los asesinatos por encargo se hacen cada vez más palpables y tras una crisis carceleria que hasta el momento deja 81 víctimas mortales por los sangrientos amotinamientos en Guayas, Azuay y Cotopaxi.

Pero ese no es el único tema pendiente, según Mauricio Gándara, que ocupó esa cartera de Estado entre abril y septiembre de 2005. Considera que también hay un problema de vacío político que se habría ahondado en los cuatro meses de gestión de Pazmiño.

“Uno siente que en ese aspecto el país está a la deriva. Es necesario establecer acercamientos políticos, pero sobre todo con la sociedad, para dar un rumbo a los últimos días del Gobierno, pese a la incertidumbre que genera conocer quién lo sucederá en la Presidencia”, manifestó Gándara.

Al respecto, Martínez escribió que trabajará por la gobernabilidad democrática, a la vez que dio todo su respaldo a la Policía Nacional en sus labores diarias. Además, se comprometió a “resolver” los temas que inciden en el futuro de la institución.

En ese sentido, tanto Gándara como Álvarez coinciden en la necesidad de que el ministro concentre sus esfuerzos en impulsar las investigaciones por las inversiones irregulares con dinero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

En ese sentido, Álvarez señaló que el Gobierno debe continuar colaborando con los entes internos de control, pero también con la justicia internacional, para dar con los responsables del millonario perjuicio a la seguridad policial, y sancionarlos.