Los vocales electos conformaran un Consejo transitorio hasta que se elijan los consejeros definitivos. La decisión fue tomada tras la votación de los miembros del CPC transitorio.

Cuatro semanas de intensidad

Al Consejo transitorio le falta evaluar a 17 funcionarios. El plazo termina el 31 de agosto. El organismo ajusta la agenda para cumplir con el mandato popular.

Van con el calendario en contra. Al Consejo de Participación Ciudadana transitorio le quedan 28 días para concluir con las evaluaciones de 17 funcionarios públicos designados por el anterior organismo, que fue cesado en la consulta popular del 4 de febrero.

En cinco meses, el Consejo de Participación ha evaluado íntegramente a tres entidades: el Consejo de la Judicatura (CJ), la Superintendencia de Bancos y al Consejo Nacional Electoral (CNE) arrojando un saldo de 11 funcionarios cesados, el 100 % de examinados.

Se suman Carlos Ochoa, que dejó la Superintendencia de Comunicación por disposición de Contraloría; Patricio Rivera, a quien se le declaró la terminación anticipada del cargo en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por posesionarse 235 días después de ser nombrado y el defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, que desconoció la evaluación.

También está pendiente la ratificación o no del cese en funciones de la superintendenta de Compañías, Suad Manssur. Esta evaluación está en la última etapa, la de impugnación, y la resolución podría darse el lunes próximo.

¿Qué hace falta? El consejero de Participación Ciudadana, Pablo Dávila, le dijo ayer a EXPRESO que resta evaluar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que tiene cinco integrantes; al titular de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero; a los nueve miembros de la Corte Constitucional (CC) y dos designaciones hechas por el anterior Consejo al sistema de Seguridad Social.

“Lo importante de todo esto es que todas las investigaciones de las entidades que faltan ya se han iniciado, el proceso de investigación, que es la parte más larga, está por concluir o ha concluido”, dijo Dávila.

Lo que resta en estos cinco casos es correr traslado de los informes de investigación, recibir los descargos de las autoridades evaluadas, convocar a la audiencia, elaborar el informe de resolución, abrir la etapa de impugnación y tomar la decisión definitiva. Esto deberá ser evacuado en las cuatro semanas próximas.

Pero para que el tiempo no falle, la semana entrante los consejeros transitorios de Participación y sus equipos de trabajo recibirán un cronograma con fechas y actividades puntuales para evitar que se vulnere el anexo tercero de la consulta popular, que le da hasta el 31 de agosto para culminar el proceso de evaluaciones.

“Entendería que sí vamos a acabar las evaluaciones hasta la fecha determinada. No nos podemos pasar de los seis meses y por eso se nos dará una agenda por secretaría de los temas que faltan y las fechas tentativas”, señaló el consejero Xavier Zavala.

También hay entidades que esquivaron la evaluación por diferentes causas. Diego García renunció a la Procuraduría General en enero, antes de que se posesione el Consejo transitorio; en la Superintendencia de Poder del Control de Mercado a Pedro Páez se le cumplió su periodo en agosto del 2017 y no tenía todavía reemplazo.

En la Contraloría, Carlos Pólit renunció y ahora es prófugo de la justicia por el caso Odebrecht y en la Fiscalía General, Carlos Baca Mancheno fue censurado por la Asamblea Nacional, antes de la evaluación.

El Consejo de Participación posesionó ayer a los cinco integrantes transitorios del CNE. En la tarde, el organismo tuvo su primera sesión, en la que se eligió a sus directivos. Gustavo Vega fue designado como presidente del organismo que tendrá vigencia no más de 60 días. En tanto que, Diana Atamaint fue escogida, por unanimidad, como vicepresidenta.

html