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Crisis economica y los GAD
Se usan distintos giros lingüísticos y nueva acción comunicativa de ocultamiento. También se reemplazan la persuasión y el consenso por la propaganda. El objetivo parece ser atenuar o negar la verdadera situación económica del país. De esto no cabe la menor duda, puesto que hay problemas fiscales, desaceleración económica y severos efectos por la caída del petróleo. La crisis es innegable. Por eso es preciso que con unidad y con la acción concertada de todos: Gobierno, empresas y trabajadores, busquemos la mejor forma para poder salir de esta grave realidad. El país lo demanda así.
Aunque no se quiera hablar de crisis, los signos de la recesión son inocultables y nunca el país ha enfrentado un problema de tal magnitud dejando que solamente el Gobierno lo resuelva. Siempre se lo ha hecho con el concurso de la sociedad entera. Esto es lo que Ecuador requiere.
Las dificultades que viven los Gobiernos Autónomos Descentralizados - GAD- son el efecto de este macroproblema que enfrenta el país y que se traduce en desfinanciamiento porque el Gobierno central no efectúa oportunamente las transferencias que por ley corresponden.
Es evidente que quien realmente sostiene la economía del Ecuador es la sociedad, la ciudadanía. Lo hace a través de los diferentes impuestos, tributos, gravámenes, etcétera.
Pero también es cierto que los GAD deben dejar de ser agentes pasivos de la acción económica. Se requiere que participen de otra manera, asumiendo responsabilidades en las diferentes sociedades subnacionales. En este aspecto existe una grave omisión: no se ha rediseñado la acción de estas instancias para que sean generadoras de recursos, lo cual solo puede lograrse si por la vía de la responsabilidad y del cumplimiento cabal del deber, municipios y consejos provinciales cobran los impuestos, las tasas y demás imposiciones que deben recaudar.
En este campo hay mucho por hacer. Hoy la situación de cantones y ciudades que no cobran ni recolectan casi nada por catastros es muy grave. Un serio problema que debe terminar, ya que siendo los contribuyentes -y no el Gobierno central- los que sostienen a los GAD, estos gobiernos deberían asumir la responsabilidad de recaudar tasas e impuestos prediales, tarea a la que están obligados por ley.