Pusieron sus pies en polvorosa. Cerca de una decena de personas han engrosado, en los últimos meses, en la lista de fugitivos de la justicia ecuatoriana. ¿El motivo?, las sospechas de que estarían relacionados con actividades irregulares.

Solo en el juicio que se inicia hoy en la Corte Nacional de Justicia, por el delito de asociación ilícita, en el que está procesado el vicepresidente sin funciones Jorge Glas y su tío Ricardo Rivera, de los 13 llamados a esta instancia, no estarán cuatro. Para ellos, el juzgamiento quedó en suspenso.

Dos son venezolanos. Se trata del exgerente de PDVSA en Ecuador, Alexis Arellano Meléndez, quien salió con destino a su país en septiembre de 2016, y Freddy Salas Neuman, que lo hizo en noviembre de 2015.

El empresario ecuatoriano Ricky Dávalos Oviedo y el excontralor del Estado Carlos Pólit Faggioni también se encuentran prófugos. El 14 de noviembre, el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, ya solicitó a la Corte que se inicie los procesos de extradición.

La trama de corrupción que instaló la constructora brasileña Odebrecht desató, al parecer de carambola, otras investigaciones por actuaciones irregulares de funcionarios públicos y empresarios privados.

Desde el 19 de agosto pasado, la Policía busca al exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y exministro de Industrias del anterior Gobierno Ramiro González. Él es investigado por una presunta defraudación tributaria. La última pista lo ubica, presumiblemente, en Perú.

En septiembre, las autoridades policiales ecuatorianas pidieron a sus pares de toda la región que impidan el ingreso de González a sus territorios, así como información del exministro de Transporte y exsecretario del Agua del Gobierno de Rafael Correa, Walter Solís.

A Solís se le abrió, en 2013, una investigación previa por un posible caso de peculado cuando estaba al frente de la Secretaría del Agua. En una carta que se hizo pública, en agosto, él aseguró que no estaba prófugo, pero pidió que no se lo cite a declarar hasta que se levante una orden de prisión que pesa en su contra.

Los ‘escapes’ más recientes son los de la exfuncionaria del Ministerio de Interior, María Paula Christiansen y su exesposo Eduardo Naranjo Vaca. Ellos son investigados en un caso de asociación ilícita “en el grado de concusión”. El caso lo lleva la fiscal Claudia Romero, quien ha denunciado amenazas.

A inicios de este mes, el ministro del Interior, César Navas, dijo que cuando Christiansen dejó el país no existían impedimentos para su salida. Sin embargo, se investigará si hubo fuga de información, dijo.