Los afanes correístas y socialcristianos por captar el Consejo de Participación Ciudadana tropezaron con un nuevo obstáculo. Este miércoles la Asamblea pretendía posesionar a otro grupo de consejeros suplentes (y suplentes de suplentes), como ha venido haciendo con cuentagotas desde la semana pasada, pero la resolución de un juez de La Concordia en favor de los cuatro consejeros censurados y destituidos en juicio político obligó a cambiar de planes. La sesión fue suspendida sin mayores explicaciones en lo que parece ser una pérdida total de estrategia para conformar una nueva mayoría en el Consejo.

Para la presidencia de la Asamblea, la resolución del juez de La Concordia fue un baldazo de agua fría. Su única respuesta fue un cómico boletín en el que la llenó de epítetos, pero terminó por acogerse a ella. En razón de una “inmotivada, vulneratoria y por demás dudosa resolución judicial” con respecto a una “espuria e infundada acción de protección” a favor de los consejeros destituidos, dice el comunicado, la sesión del Pleno convocada para nombrar a sus reemplazos “ha sido CANCELADA” (las mayúsculas son del original).

Entre los suplentes que se aprestaban a ser posesionados el miércoles se encontraba Carlos Figueroa (compañero de persecución de Fernando Villavicencio y notorio anticorreísta), quien se ha convertido en una piedra en el zapato para la mayoría parlamentaria. Él y otras dos suplentes, Karina Ponce y Mónica Moreira (posesionadas ya como tales en la legislatura anterior), han decidido no asumir los cargos de consejeros principales mientras persistan los problemas legales en torno a la acción de protección otorgada a los cuatro depuestos por la Asamblea.

“No me importa que me posesionen, yo no iré a pelear ningún puesto”, declaró Figueroa a este Diario y aseguró que sus dos compañeras son de la misma opinión. “Lo que están buscando en la Asamblea es que nosotros legitimemos su jugada política, pero sería vergonzoso: no vamos a ir a ninguna sesión mientras no se resuelva el problema legal”. Según Figueroa, el objetivo es elegir nuevamente y lo antes posible a Sofía Almeida como presidenta del CPCCS. Para lograrlo, la estrategia de correístas y socialcristianos ha sido investir de poco en poco a los suplentes de los suplentes hasta conformar un nueva mayoría. La semana pasada posesionaron a Olindo Nastacuaz, hombre de confianza del correísmo. Graciela Mora, de la misma tendencia política, iba a ser posesionada ayer. Al mismo tiempo, la Asamblea no puede evitar posesionar a gente como Figueroa o Aland Molestina, que tampoco apoyaría una presidencia de Sofía Almeida y debería ser llamado en estos días por el Pleno. Ahora la carrera es contrarreloj. Lo que no había entrado en los cálculos de nadie es que cuatro consejeros (el correísta Juan Javier Dávalos, su aliado David Rosero y las restituidas Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira) buscan la reelección y, por tanto, tendrán que abandonar sus cargos en los próximos días. Cuando eso ocurra, correístas y socialcristianos estarán más lejos que nunca de tener una mayoría en el Consejo.

Todo parece salirle mal a la mayoría parlamentaria. El martes, un intento de correístas y socialcristianos por aprobar una resolución para ratificar la censura y destitución de los cuatro consejeros del CPCCS fue frustrado por el Pleno. La propuesta fue presentada como pedido de cambio del orden del día por la asambleísta Mireya Pazmiño, recién expulsada de la bancada de Pachakutik. “Creo que este Pleno tiene el poder en el que se maneja transparentemente lo que es la democracia y tomamos esa decisión de seguir un control político”, dijo Pazmiño para quien fuera capaz de entenderla. Y los votos de sus excompañeros de bancada le dijeron No. La resolución ni siquiera tuvo el respaldo para ser debatida.