Coser y descoser deuda

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Coser y descoser deuda

El ansiado veto a la ley de fomento productivo llega a la Asamblea renovando el espíritu de poner orden en las finanzas domésticas. Y la deuda vuelve a ser la médula de la corrección. En un ejercicio de sinceridad, el monto de pendientes crece otro 5 % del Producto Interno Bruto al incluir rubros hasta ahora bautizados con apodos distintos al del endeudamiento.

La nueva y dilatada definición de deuda pública opera como enmienda de la estrategia económica heredada, apostando por una minuciosa pulcritud a la hora de hacer sumas y restas en las cuentas públicas. Pero contrasta, como en la leyenda de la mitología griega de Penélope, que descosía por las noches lo que cosía por el día, con la manga ancha que se aplicará en el límite del endeudamiento.

Al hacer aflorar en el recuento de deuda oficial, entre otras operaciones, la dación en pago con la que el Gobierno anterior saldó una obligación de 2.100 millones de dólares con el Banco Central de Ecuador entregando papeles, el jefe del Estado emite un dictamen reprobatorio a la cuestionada decisión del economista que le precedió en el cargo.

El gesto de censura llega tanto por la rectificación contable como por el lenguaje de la objeción número 60. Dos palabras -“corregir” y “correcciones”- connotan el ánimo presidencial de lo que se manda cambiar. Y esto es que debe devolverse al Banco Central de Ecuador los dólares con los que ayudó al Gobierno en su sequía de liquidez con los mismos billetes que empezó a prestar en octubre de 2014. Y el pago que se hizo en papeles, con acciones de la banca pública que fueron unilateralmente valoradas por ese monto, se sustituirá progresivamente por certificados de Tesorería. Estos, a su vez, también paulatinamente, terminarán por engrosar las reservas del Central con dinero líquido.

El aseo de aquella dación en pago cuestionada, aún en investigación por la Contraloría, desentona con el también controvertido recurso anticrisis de aparcar el techo de endeudamiento del 40 % hasta que se equilibren los gastos con los ingresos. El veto hace un paréntesis de rigurosidad en este aspecto, que puede durar hasta tres años, dejando abierta la llave a una eventual fuga de probidad. Los organismos de control tendrán en su mano aplicar, en su caso, la misma rigurosidad que a los actos consumados en la última década para disuadir los posibles tropiezos.