Corte Constitucional ya decidió sobre el Decreto 500, pero aún no notificará dictamen
Corte Constitucional emitió un comunicado este 31 de enero de 2024 en el que señala que está reuniendo requisitos procesales
La Corte Constitucional alarga aún más la espera sobre su pronunciamiento respecto al Decreto Ejecutivo 500. Este 31 de enero de 2025, emitió un nuevo pronunciamiento en el que confirma que ya hay una decisión pero continúan “reuniendo los requisitos procesales previo a la notificación”.
(No te pierdas: La CC fija nueva fecha para audiencia que dirimirá sobre artículos de Ley de Banano)
En la práctica, eso significa que el órgano ya tomó una decisión pero aún no la va a notificar a las partes del proceso. Sin embargo, lo que también se conoció este 31 de enero fue que dicho dictamen incluirá lo relacionado con el Decreto 505.
Este último fue emitido por Noboa para encargar la Presidencia por segunda vez a Cynthia Gellibert.
En el comunicado de la Corte se señala: “Respecto a la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de los Decretos Ejecutivos 494 y 500 emitidos por el presidente Daniel Noboa, la Corte Constitucional ya tomó una decisión el 23 de enero de 2025 (y, por conexidad, sobre el Decreto Ejecutivo 505, del 16 de enero de 2025)”.
La decisión de aún no notificar dicha decisión ocurre a menos nueve días de que termine la campaña electoral. Asimismo, el comunicado se emitió hoy cuando Noboa volvió a encargar la Presidencia a Gellibert.
¿Qué es el Decreto 500?
Dicho decreto hace referencia al argumento del presidente Daniel Noboa sobre fuerza mayor para salir a la campaña sin pedir licencia como lo establece el Código de la Democracia. En ese mismo documento, el primer mandatario encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert, quien también fue designada como vicepresidenta encargada vía decreto.
La acción pública de inconstitucionalidad fue presentada por el abogado Gabriel Pereira Gómez. En su pretensión solicitó que se declare la “inconstitucionalidad del contenido de los decretos demandados y su definitiva expulsión del ordenamiento jurídico nacional”.
Su argumento fue que existía una contradicción jurídica del decreto ejecutivo con la norma constitucional. A su parecer, esto viola la norma constitucional, el sistema democrático del país y los derechos humanos de la vicepresidenta Verónica Abad.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!