Derechos violados por falta de celeridad. Eso es lo que está sucediendo, según los actores sociales y políticos que han demandado la inconstitucionalidad de leyes y reformas que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional.

En los primeros días de abril, cuatro reclamos llegaron a la Corte Constitucional (CC). Todos contra la Ley del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo.

El primero vino de la Unidad Popular. Geovanni Atarihuana, su director, es poco optimista de que el trámite sea rápido. Esto porque hace seis meses presentaron otra demanda en contra de la eliminación del aporte estatal del 40 % a las pensiones jubilares y, hace tres, pidieron la calificación de una pregunta para eliminar las enmiendas constitucionales.

“Ninguna ha sido resuelta y creemos que ahora tampoco será la excepción. Mientras tanto, esas leyes que ya están vigentes siguen perjudicando a los ciudadanos”, dijo a EXPRESO.

La Ley de Justicia Laboral, aprobada en abril de 2015, tiene siete demandas. El asambleísta Luis Fernando Torres, de la alianza Tiempo de Cambio-Partido Social Cristiano (PSC), fue uno de los que cuestionaron la normativa.

Él ha corrido con mejor suerte. Su demanda fue admitida a trámite, pero luego fue rechazada. En enero volvió a la Corte Constitucional para demandar las enmiendas aprobadas en 2015. “También fue admitida, pero es probable que la rechacen. El objetivo de insistir es que el tema se mantenga en el debate, que no se termine la discusión en la Asamblea Nacional”, comentó Torres

A su criterio, el hecho de que no se tramiten con celeridad las demandas, hace que se sigan violentando los derechos de los ciudadanos.

El abogado quiteño Farith Simon, doctor en derecho y decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, dice que pese a tener experiencia en demandas constitucionales (ha presentado seis) aún no logra descifrar el mecanismo que usa la Corte para admitir, sortear o emitir sentencias.

“He llegado hasta las audiencias, pero luego no hay el pronunciamiento. Estas demoras generan desprotección y violan reglas del debido proceso. Es grave”, manifestó.

En noviembre del año pasado, durante su posesión como presidente de la Corte, Alfredo Ruiz se comprometió a revisar los casos represados y ofreció “imparcialidad e idoneidad” en su gestión.