La consulta popular propuesta por el Gobierno empieza a caminar. Ayer la Comisión de Admisión de la Corte Constitucional (CC) dio el primer paso.

Las magistradas Wendy Molina, Ruth Seni y Tatiana Ordeñana, aceptaron a trámite las siete preguntas que propone la consulta presentadas por el presidente de la República, Lenín Moreno.

Las magistradas observaron que los planteamientos reúnan los requisitos para su presentación y procedieron a admitirlas. La sesión del organismo duró varias horas.

¿Qué sigue? De conformidad con la Ley de Garantías Constitucionales, la propuesta del Ejecutivo pasará a la Sala de Sorteos. Ahí, se conocerá cuál de los nueve magistrados que conforman el Pleno estudiará si las preguntas son constitucionales o no.

El o la jueza constitucional deberá elaborar un informe en el que argumentadamente señale la procedibilidad o no de las interrogantes, esto es, sí son constitucionales o no. El documento pasará al Pleno para su aprobación.

El pasado lunes 2 de octubre el Gobierno, por mediación de la secretaria jurídica, Johana Pesántez, acompañada de varios ministros entregó el pliego de preguntas. En el documento de la Presidencia de la República se detallan las interrogantes que deberán ser analizadas por el pleno de la CC para el referéndum y la consulta popular en Ecuador.

Las preguntas que se someterán a referéndum hacen referencia a la muerte política de los corruptos; eliminación de la reelección indefinida; el cese de funciones de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); la no prescripción de los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes; y, para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.

Las que se someterán a consulta popular son: la derogatoria de la Ley de Plusvalía y reducir el área de explotación petrolera en el Yasuní.

El secretario de la Política, Miguel Carvajal, señaló que la aspiración del Gobierno es que el pueblo se pronuncie este mismo año. “Tomando en consideración los tiempos que se tienen que cumplir, si la Corte Constitucional se demora unos 28 días en su pronunciamiento, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) 60 días, la consulta se podría dar el 17 de diciembre”. Moreno alargó el plazo a enero o febrero. RRG