La próxima semana se configura la ausencia definitiva del defensor del Pueblo Freddy Carrión. Él está detenido en la cárcel 4 de Quito. Tiene un llamado a juicio por un posible delito sexual que se habría cometido en un edificio del norte de Quito, durante una reunión social a la que asistió en medio de un toque de queda que dictó el expresidente Lenín Moreno para prevenir el avance de COVID-19.

La defensa del funcionario insiste en su liberación. Este martes 7 de septiembre expusieron sus argumentos en la audiencia por la apelación de la negativa de conceder el recurso de habeas corpus solicitado por su abogado Stalin Raza. La audiencia se cumple en la Corte Nacional de Justicia. 

Se instaló pasadas las 11:00. El tribunal lo conformaron los miembros de la sala Laboral Consuelo Heredia (ponente), Alejandro Arteaga y Katerine Muñoz, quienes escucharon a Stalin Raza y Angélica Porras, sus abogados. En la audiencia también se presentaron dos amicus curiae y representantes de defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza, un Movimiento de Mujeres de El Oro y Marcelo Icaza, abogado de la posible víctima.

Stalin Raza reiteró la prisión es arbitraria por dos razones. Mencionó que ellas son: unas insinuaciones insidiosas argumentadas por el juez que dictó el auto de llamamiento a juicio, Luis Adrián Rojas, y por motivaciones de 'premisas implícitas'. 

El abogado dijo que piden al tribunal que se pronuncie sobre la arbitrariedad porque cuando fueron a la audiencia, las razones que llevaron a la prisión, eso es la obstaculización del procedimiento policial y el comunicado público tras los hechos, se habían desvanecido.  

Mencionó que eso ocurrió con las versiones de los policías que tomaron procedimiento que señalaron que no hubo orden de aprehensión y con las versiones de los funcionarios de la Defensoría que aseguraron que tuvieron que hacer el comunicado de prensa ante los mensajes que circularon en redes, lo hicieron es emitirlo con la firma de Carrión. Pidió que dispongan la inmediata libertad, acepten la apelación porque no están amenazados los derechos de la víctima.

Angélica Porras habló de una detención ilegal porque no hubo flagrancia. Afirmó que a Carrión "se le leyeron los derechos mientras estaba sedado" y que le dijeron que incumplió el toque de queda. Añadió que luego le informaron que había la sospecha de haber cometido el posible delito sexual. Recordó que Carrión se retiró del lugar de los hechos con un familiar y sin la custodia policial. Para ella hubo un fraude procesal. Concluyó que los guardias, los policías, ninguno emitió orden de aprehensión y nadie dijo que estaba detenido.

El juez Adrián Rojas envió un informe señalando que se trataba de un tema de estricta legalidad y no de constitucionalidad. Recordó los hechos del 15 de mayo cuando el exministro de Salud Mauro Falconí y su pareja invitaron al defensor al piso nueve a una reunión en la que habían ingerido licor. Recordó cómo se habría producido el posible delito. Recalcó que la medida de prisión preventiva era necesaria.  Al momento la diligencia sigue con la exposición de las partes convocadas.