La lentitud pasa factura. Hoy, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio evaluará a los nueve magistrados de la Corte Constitucional y hay más puntos en contra que a favor. Las causas sin solución acumuladas desde 2009 son un factor determinante para declarar la permanencia, o no, de los jueces.

Según el informe técnico de investigación que redactó el consejo transitorio, la Corte acumula 3.187 casos sin solución. En la lista de pendientes hay demandas por violación de derechos humanos, afectaciones laborales y otras acciones que exigían una respuesta inmediata.

De 2009, por ejemplo, hay siete casos sin solución. Un problema complejo si se toma en cuenta que cada día llegan nuevas demandas que se suman a las carpetas de cada uno de los jueces.

Manuel Viteri es el magistrado con más pendientes. En su despacho reposaban, hasta julio de este año, 459 casos “en trámite”. Roxana Silva, jueza desde 2015, es la que menos retrasos tiene: 309.

En la lista de casos están, entre otros, la acción presentada por trabajadores del sector público en contra del Decreto Presidencial 813, en 2011. El texto del expresidente Rafael Correa -que contó con el respaldo del entonces ministro de Trabajo, Richard Espinosa- permitió la compra de renuncias obligatorias. Al menos 1.121 servidores públicos fueron afectados y, hasta la fecha, no hay solución.

También hay incumplimientos a normas supranacionales. En 2014, Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio interpusieron una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional por no haber acatado las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras el juicio que impuso el expresidente Correa en contra de los opositores políticos. La causa fue admitida a trámite por la Corte en 2016 pero todavía no hay resolución.

El factor común que detecta el análisis del Consejo transitorio en las causas reprimidas es la vinculación política de la Corte con el anterior gobierno. El informe concluye que las causas impulsadas contra decisiones u órdenes de Correa fueron las que más se tardaron. Las propuestas del expresidente Correa y su gente, en cambio, se tramitaron en tiempo récord. El análisis y resolución por las enmiendas constitucionales son un ejemplo.

Tal como informó EXPRESO, ayer, el informe de 259 páginas concluye que la actual Corte Constitucional respondió a los intereses del correísmo.

La evaluación

Denuncias

El Consejo de Participación Ciudadana transitorio recibió 165 denuncias ciudadanas en contra de la Corte Constitucional. De esas, se tramitaron, en el informe que se discutirá hoy, 130 casos derivados de las quejas. La mayoría, dice el texto, son acciones extraordinarias de protección.

Admisión

Una de las mayores quejas ciudadanas que receptó el Consejo transitorio es la lentitud de los nueve jueces de la Corte Constitucional. Hay casos, afirman los reclamos, que todavía no son aceptados a trámite pese a tener años dentro de las oficinas del máximo ente de justicia del país.