No solo es el primer vicepresidente de Ecuador encarcelado mientras está en el desempeño de su cargo (no de sus funciones). Jorge Glas también es el funcionario de más alto rango, en ejercicio, de América Latina que se encuentra en prisión por su vinculación a la trama de corrupción de Odebrecht.

En cada uno de los 12 países salpicados por el pago de sobornos a cambio de favores en la contratación de proyectos, hay decenas de servidores públicos implicados, en mayor o menor grado. El número es irrecopilable a nivel regional porque no deja de crecer.

Entre ellos, se investiga a presidentes, aunque no hay ninguno procesado. También hay altos funcionarios como vicepresidentes, ministros o gerentes públicos que están encarcelados, pero ya habían dejado sus mandatos.

Glas podría haber sido parte de este último grupo de no ser por las últimas elecciones en las que revalidó su cargo como vicepresidente. Pero ahora es, de entre las decenas de nombres que escanea la Fiscalía por Odebrecht, la mayor cabeza implicada en Ecuador por sus decisiones y responsabilidades en la legislatura que compartió con el expresidente Correa. Este, de momento, permanece al margen de los ocho procesos penales abiertos en el país contra la constructora brasileña y su relación con funcionarios públicos.

La orden de prisión preventiva, solicitada el lunes por la Fiscalía General y aceptada por la Corte Nacional de Justicia, contra el vicepresidente Jorge Glas, vinculado por asociación ilícita y ahora también en indagación por cohecho, adelantó a Ecuador frente a los países salpicados de corrupción auspiciada por Odebrecht. En cambio, hace menos de medio año, la opinión pública reclamaba por la inactividad del proceso nacional ante las noticias de los avances en detenciones e investigaciones que llegaban desde Brasil, Panamá, Colombia y Perú, donde buscaban conexiones entre los sobornos y la jerarquía gubernamental más alta.

Las indagaciones en otros países, por ejemplo, han llevado a prisión preventiva por 18 meses al expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, y a que el también expresidente peruano Alejandro Toledo recibiera una orden similar que esquivó gracias a un viaje a Estados Unidos. Hay una orden de captura internacional y una petición de extradición contra él. También hay tres generaciones presidenciales en Brasil señaladas por el caso que se originó allí.

El punto de inflexión que aceleró el ritmo de la investigación en Ecuador coincidió en fecha con el cambio de Gobierno -que no de color- por la sucesión de Rafael Correa a Lenín Moreno y con el nombramiento como nuevo fiscal general a Carlos Baca Mancheno, que se encontró con un caso de enorme repercusión y presión pública. Las revelaciones de EE. UU. y el bombeo constante de nuevos datos procedentes desde Brasil hacían imparable un procesamiento a nivel nacional.

Así, desde inicios de junio, comenzaron las pesquisas y allanamientos que condujeron a la detención de dos exministros del gabinete correísta, Alecksey Mosquera (Energía) y Carlos Pareja Yannuzzelli (Hidrocarburos). Podrían ser tres de no ser por la huida de Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas.

Todos están involucrados en la red de sobornos con la que la constructora brasileña se aseguraba la concesión de grandes obras de infraestructura en el país, según presume la instrucción fiscal desarrollada. Junto a ellos, hay también dos autoridades de control: el excontralor Carlos Pólit, prófugo en Estados Unidos a quien se le atribuye haber borrado glosas de Contraloría en los contratos con Odebrecht a cambio de coimas; y al ex fiscal general Galo Chiriboga, de quien dependía la investigación antes del cambio de Gobierno y que fue llamado a declarar para esclarecer las condiciones que propiciaron la fuga de Carlos Pareja Yannuzzelli. No está procesado.

El entramado de corrupción con el que se alimentaba de fondos públicos la constructora Odebrecht ha diluido en 12 países de Latinoamérica una mancha que, según el Fondo Monetario Internacional, podría haberse repelido con una serie de medidas que institucionalizaran la lucha contra la corrupción, con independencia de quien asumiese las riendas del Estado.

La receta del multilateral tiene cuatro ingredientes básicos, pero fundamentales. En primer lugar, nombrar una comisión anticorrupción. En segundo, abanderar la transparencia como característica de la gestión pública reforzándola con una libertad de prensa de ojos fiscalizadores. La tercera recomendación es eliminar recovecos en las licitaciones uniformando los trámites de contratación y eliminando burocracias innecesarias en las que se cobijan pagos fraudulentos. Y, por último, estructurar autoridades de control que garanticen el ejercicio impecable de las atribuciones de los funcionarios públicos.

En teoría, Ecuador había colocado el visto en los cuatro puntos de la lista. En la práctica, su articulación se vio condicionada por modificaciones y decisiones ejecutivas sobrevenidas por los mismos que las pusieron en escena como estandarte anticorrupción.

Las propuestas del FMI, ineficaces en ecuador

Control

El Fondo Monetario Internacional recomienda entidades o autoridades de control que fiscalicen el ejercicio de la función pública. Ecuador cuenta con ellas, aunque la selección de sus representantes ha sido cuestionada por partidismo, dando como resultado que hay un contralor prófugo y un exfiscal general llamado a declarar. Por decreto, se mermaron las funciones de la Contraloría.

Transparencia

La rendición de cuentas y la transparencia dificultan la corrupción. Ecuador tiene una ley que regula e impone a las instituciones públicas una rendición de cuentas anual. El FMI incluye en este punto las garantías a la libertad de prensa que ayudan a desvelar las irregularidades. En Ecuador, la Ley de Comunicación amparó las sanciones a medios.

Anticorrupción

El multilateral ve recomendable la designación a una comisión anticorrupción de una misión vigilante. En Ecuador hay dos grupos sociales anticorrupción. El excontralor prófugo Carlos Pólit se querelló por calumnias contra nueve de los miembros de la Comisión Anticorrupción cuando estaba aún en su cargo. Y el Frente de Transparencia nació con el cambio de Gobierno.

Licitación

La seguridad jurídica en los trámites garantiza una licitación apegada a las normas. Para el FMI hay que eliminar trámites burocráticos innecesarios que favorecen el pago de sobornos. Las designaciones a dedo, justificadas en emergencia, y los contratos reservados, dificultaron la fiscalización pública de las contrataciones en obras millonarias.