De entre los vocablos de mayor difusión presente hay palabrejas y términos como coima, asociación para delinquir, delincuencia organizada, cohecho, malversación, sobreprecios, sobrecostos, mala práctica, y una larga cadena de adicionales que se resumen en una sola palabra: robar. Los ladrones son figuras de alto coturno, ellos y ellas, salidos del anonimato, quienes hoy, cual celebridades y referentes defienden a capa y espada los frutos de la revolución de los galarifos.

El dinero se lo roban a los ecuatorianos: directamente a los contribuyentes, indirectamente a todos. El concepto de “dineros del Estado” es una aberración, pues los dineros son de los contribuyentes; los ecuatorianos le entregamos ciento ochenta mil millones de dólares en impuestos al Gobierno, y es de esperar que algún día se sepa a qué manos fueron a parar.

La corrupción la ponen en práctica con las artimañas de los sobreprecios, las coimas, los negocios entre parientes y los contratos amarrados que alcanzan cifras descomunales de miles de millones de dólares. En este escenario pernicioso pasa de agache lo que ha ocurrido en el área de los seguros públicos, la cual para funcionar correctamente debe ser transparente y competitiva. Mas, en un gobierno corrupto, priman las argollas de los amigos que actúan bajo reglas de secretismo, vinculados a personeros de gobierno con quienes conforman asociaciones para delinquir. Todo es parte de un plan: el gobernante establece la plataforma, organiza el monopolio y destierra a la competencia, establece reglas torcidas de procedimiento, y se arma el negocio.

Hay documentos que evidencian que las fechorías, y sus perpetradores, forjaron su plan con los reaseguros, esto es las coberturas que las empresas aseguradoras toman para cubrir riesgos que demandan apalancamiento y deben ser respaldados por firmas de renombre. Se trata de proteger activos que, dentro del sector público incluyen refinerías, presas hidroeléctricas, edificios, escuelas, vehículos, equipos, puertos, aeropuertos, aeronaves, y equipo militar, y cuya valoración suma varios miles de millones de dólares.

Las contrataciones, consta en la documentación, se las hizo con empresas que carecen de existencia legal en el Ecuador; efectuadas bajo jurisdicción extranjera; y en paraísos fiscales que sí funcionan para los negocios y negociados gubernamentales. Son organizaciones chimbas que han quedado expresamente prohibidas de operar en el Ecuador, y de personas objetadas por la autoridad de seguros. Hay falsificación de firmas, violación de formalidades legales, y existe presunción de lavado de activos. Los reaseguradores y los reasegurados serían las mismas personas, en fechorías conocidas como “autoventas”, para lo cual crearon espejos y pantallas con las que arman pingües negocios estructurados de manera tal que las divisas son exportadas al amparo de transacciones que aparentan legitimidad.

El giro del negocio de los seguros es billonario y cualquier porcentaje de coima, comisión o sobreprecio cifra centenas de millones de dólares, a lo largo de la década del robo.

Seguirán siendo conspicuos los autores hasta tanto les llegue su San Martín.