Gastar dinero público para hacer obra pública. Suena tan lejano e impersonal que los ciudadanos no siempre son conscientes de que esos recursos salen directamente de sus bolsillos. Si cada persona piensa, analiza, consulta y se cerciora de que todo lo que compra esté en buen estado y le vaya a ser de utilidad -sobre todo, en las grandes decisiones vitales- lo mismo debería ocurrir con el capital de todos. De lo contrario, los dólares se despilfarran, se desvanecen y la factura y las consecuencias de una mala administración se dividen a partes iguales.

No es tan difícil de imaginar ese escenario. El último ejercicio práctico aconteció esta semana con los apagones que dejaron a varias ciudades del país -entre ellas la capital y las más grandes- sin luz por un fallo en la instalación de Coca Codo Sinclair. Cada casa sin luz, cada enchufe sin energía, cada electrodoméstico apagado, cada semáforo, cada fábrica, cada escuela, cada hospital... Los servicios públicos activan un generador eléctrico para no interrumpir sus funciones imprescindibles. Pero eso siempre supone un costo adicional. O para el particular o para el Estado. Algo evitable si la obra se hubiese estudiado, asignado y ejecutado sin las condiciones que ahora alimentan investigaciones ante las autoridades judiciales.

El resultado de una contratación poco confiable es siempre una obra con fallas. Aún se está revisando, días después de la interrupción de la generación de electricidad, qué es lo que falló exactamente en la hidroeléctrica. Esta vez, incluso se anuncia una auditoría integral que, al menos, apacigua la indignación. Pero no es la primera vez que las autoridades responden con un signo de interrogación sobre el origen del problema ante apagones que afectan, en el mejor de los casos, solo a la cotidianidad ciudadana. Tampoco es la primera obra que se malogra en sus resultados o en la que surgen más problemas que aciertos. Ni siquiera se trata de proyectos en los que se han escatimado recursos. Todo lo contrario.

Las irregularidades en la construcción, la ineficiente gestión del dinero público, la elección de contratistas que no garantizan calidad en la infraestructura no son un mal de un ente suprahumano llamado Estado. Es algo que pagan todos los ecuatorianos. Lo pagan con dinero y sufren las consecuencias. Todo Ecuador.