El 2016 se presentó complicado para el Gobierno. Casos de corrupción salpicaron a funcionarios y exfuncionarios y desembocaron en investigaciones, detenciones, juicios y sentencias.

Los escándalos se profundizaron en abril y mayo con la difusión de los Papeles de Panamá, la filtración de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca, y la detención del exgerente de Petroecuador Álex Bravo. Tras él, fueron señalados otros dos exgerentes y algunos contratistas privados. Se han iniciado varias indagaciones.

De 2015 se arrastró el caso de corrupción denominado Fifagate que involucró a Luis Chiriboga, entonces presidente durante casi 18 años de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), así como el caso por la venta de pases en la Policía Nacional.

En escándalos también estuvieron inmersos un juez, una exjueza. A esos casos les siguieron las denuncias sobre posibles sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos por parte de la empresa brasileña Odebrecht.

Ecuador fue una de las 12 naciones mencionadas en un informe del Departamento de Estado de EE. UU.

Las complicaciones se presentaron cuando el Gobierno del presidente Rafael Correa impulsaba desde diversos frentes el denominado ‘pacto ético’.

Esa iniciativa cuestionaba la tenencia de bienes en paraísos fiscales y motivó la consulta popular que se hará el 19 de febrero conjuntamente con las elecciones presidenciales.

Con la consulta a los ciudadanos se busca establecer el impedimento de que quienes tengan bienes en los denominados paraísos fiscales ejerzan cargos de elección popular.

Desde el Ejecutivo se ha reivindicado el combate a la corrupción. Conforme aparecieron los señalamientos hubo explicaciones de funcionarios gubernamentales y la presentación de denuncias en los casos cuestionados para reforzar los pedidos de investigación.

Dirigentes de la Ecuafútbol fueron condenados por lavado de activos

El caso Fifagate inició a escala mundial en mayo de 2015 con la detención de funcionarios de la FIFA involucrados en presuntos actos de corrupción.

Las investigaciones en Ecuador se concretaron recién en diciembre de ese año con la detención de Vinicio Luna, exjefe de Logística de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Fue uno de los cinco dirigentes señalados por presunto lavado de activos.

Cinco meses después, el 3 de mayo de 2016, él fue condenado a un año de prisión. Luna se acogió al procedimiento abreviado y admitió su responsabilidad en los actos de corrupción. Cumplió su condena en la cárcel 4 de Quito y fue excarcelado a inicios de este mes.

Para otros tres procesados la sentencia de primera instancia se dio en noviembre y fue unánime.

Luis Chiriboga, expresidente de la FEF, recibió 10 años de cárcel. El tribunal presidido por la jueza Miriam Escobar comprobó la responsabilidad del exdirigente en el lavado de alrededor de 6,1 millones de dólares, durante su gestión al frente de la Ecuafútbol.

Hugo Mora, extesorero del organismo, recibió la misma condena. Una pena menor, de tres años y cuatro meses, fue impuesta al excontador Pedro Vera. Los dos se entregaron a las autoridades.

El caso no estuvo exento de cuestionamientos, especialmente por la supuesta pérdida de varios documentos. La sentencia será apelada luego de su notificación y será resuelta por la Corte de Pichincha. Desde el inicio del proceso, Chiriboga recibió una medida alternativa de arresto domiciliario. Pero según el fiscal Galo Chiriboga la condena debería ser cumplida en un centro de rehabilitación.

Chiriboga y Luna fueron parte del grupo que en el 2014 recibió en la Asamblea una condecoración entregada por su presidenta, Gabriela Rivadeneira.

Cinco funcionarios públicos fueron los primeros señalados

El 3 de abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas sorprendía al mundo con la filtración de los denominados Papeles de Panamá.

Así fue conocida la difusión de documentos confidenciales de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca. Deportistas, políticos, empresarios, funcionarios gubernamentales, artistas aparecían como propietarios de empresas constituidas en ese país. Panamá es, según el gobierno ecuatoriano, un paraíso fiscal.

Ese día, las filtraciones revelaron nombres de cinco funcionarios del régimen del presidente Rafael Correa. Entre ellos, el fiscal Galo Chiriboga, quien explicó que únicamente usó su empresa para comprar una casa en Quito; y Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, quien reconoció que tenía una compañía en Panamá pero aseguró que nunca la utilizó.

Las filtraciones dieron cuenta de 1.864 compañías, 76 clientes y 148 beneficiarios en Ecuador.

La Fiscalía, encabezada por el mismo Chiriboga, así como la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, investigaron el caso. El resultado: se abrieron expedientes y se emitió un informe final.

En cinco meses, los asambleístas hicieron pedidos de información y llamaron a funcionarios públicos.

Sobre Chiriboga, la comisión recomendó a la Contraloría un examen especial a sus declaraciones juramentadas. En el informe, del 9 de agosto de 2016, también hubo observaciones para los exgerentes de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo. Entonces ya se advertían presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.

Fue la base de datos de los Papeles de Panamá la que permitió señalar a Bravo. Actualmente él está detenido y convocado a juicio para el 31 de enero por presunto enriquecimiento ilícito.

El pago de $ 33,5 millones en sobornos

Ecuador fue incluido entre 12 países cuyos funcionarios gubernamentales habrían recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El Departamento de Estado de EE. UU. divulgó la semana pasada un informe luego de las declaraciones de los funcionarios de la empresa brasileña que accedieron a colaborar en la investigación.

En Ecuador, según el informe, se habrían pagado 33,5 millones de dólares entre 2007 y 2016 a funcionarios corruptos. El objetivo habría sido obtener beneficios por alrededor de 116 millones de dólares.

Además de Ecuador, por los sobornos se menciona a Argentina, Colombia, Brasil, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela, República Dominicana.

La Fiscalía allanó las oficinas de la constructora en Guayaquil e incautó documentos y computadoras. Además, solicitó asistencia penal a EE. UU. para obtener documentación.

En un comunicado el Gobierno indicó que no aceptará denuncias sin pruebas, tampoco selectivas ni sesgadas como en los Papeles de Panamá.

Petroecuador (mayo de 2016)

El 16 de mayo de 2016 fue detenido en Tumbaco, oriente de Quito, Álex Bravo, exgerente de Petroecuador. La Fiscalía lo investigaba por presunto tráfico de influencias.

Los expedientes se abrieron tras las filtraciones, en abril, de los Papeles de Panamá.

Bravo fue vinculado a empresas offshore de Panamá. Antes de que concluya la instrucción fiscal se reformularon cargos en su contra y el delito cambió a enriquecimiento ilícito. Inicialmente fue acusado de influir en la entrega de contratos de la estatal a empresas de familiares.

Un informe de Contraloría determinó indicios de responsabilidad por no justificar un incremento de su patrimonio.

Además, Bravo habría recibido pagos de contratistas petroleros a sus cuentas a través de compañías.

También son investigados el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli y familiares, el exgerente de la estatal Marco Calvopiña y excontratistas.

Hasta el momento hay siete detenidos y más de 80 investigados en 18 casos abiertos en seis meses. Hay seis instrucciones fiscales y 12 investigaciones previas en delitos de cohecho, lavado de activos, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado, entre otros.

15 condenados por la venta de los pases

En octubre pasado 14 policías y una civil fueron sentenciados por la presunta venta de pases en la policía.

Uno de los investigados fue el excomandante de la Policía Fausto Tamayo. Al oficial retirado y al teniente Alexis Cifuentes, quien trabajó en la Presidencia de la República y en el Ministerio del Interior, la Corte de Pichincha los sentenció a 13 años y tres meses de cárcel.

Ambos fueron considerados autores del presunto delito de delincuencia organizada. La Fiscalía investigó a una supuesta red que vendió alrededor de 1.317 pases irregulares en la policía. El ilícito se habría cometido entre 2014 y 2015. Los pases se negociaban entre los 900 y 1.500 dólares. El monto del perjuicio, según la Fiscalía, bordea los seis millones de dólares.

Nueve uniformados fueron condenados a nueve años y tres meses de cárcel. Una civil, la madre de Cifuentes, fue sentenciada a cinco años. Y tres policías recibieron diez meses por colaboración eficaz.