Corrupcion

De lucha contra la corrupción [emoji], dice el título del último proyecto legislativo en el piso de la Asamblea. Fue presentado por la comisión presidida por doña Marcela Aguiñaga hace quince días [emoji].

Cierto es que el proyecto es la suma de los talentosos [emoji] aportes de los asambleístas Serrano, Simbaña, Lloret, Duchi, Andrade e incluso del fiscal Baca [emoji], debiendo la comisión juntar en este las virtudes [emoji] de aquellos. Pero como sabemos desde la edad escolar, no todo aquello a lo que se le antepone un signo positivo suma.

El proyecto va en dirección contraria de lo que se hace en otras partes del mundo para luchar contra la corrupción. La pormenorización y el endurecimiento de infracciones y sanciones, lo mismo que tenemos sin éxito [emoji] desde siempre, hace de corazón [emoji] del proyecto, en lugar de la prevención. Imprescriptibilidad, extinción de dominio, incapacidad para ejercer cargos públicos y dos o tres reformas más que parecen escritas por penalistas, en cinco artículos e igual número de páginas. Esta visión hiperprocedimental sobre crímenes cuyo juicio y sanción poco terminan de resolver para los ciudadanos de a pie, es más de lo mismo.

La visión que debe predominar en la lucha contra la corrupción es una que quite a los poderosos y a la función judicial su carácter de jueces y parte. O, digámoslo cándidamente, tanto trabajo que no logran cumplir adecuadamente [emoji].

La transparencia es el arma principal de los expertos para luchar contra la corrupción porque facilita el control, el juicio, el escarnio y la pedagogía pública, más rápido y eficientemente que el hipertrofiado sistema judicial. Así, activistas, periodistas e incluso afectados por arbitrariedades del poder podrían conocer, denunciar, ejercer sus derechos [emoji], en fin.

Debemos transparentar forzosa y urgentemente todo acto del poder público, en soportes de incremental sencillez y claridad. Incluso en formatos procesables por robot [emoji].