Los correistas insisten en que la corrupcion es aislada
Odebrecht. La presunta entrega de sobornos de parte de la empresa Odebrecht en Ecuador involucró a varios exfuncionarios del Gobierno anterior.
Las excusas a las denuncias de actos de corrupción en el Gobierno del expresidente de la República Rafael Correa son diversas. Asambleístas y exfuncionarios identificados con el correísmo insisten en el argumento, 10 meses después de iniciado el periodo del presidente Lenín Moreno, de que son temas aislados y reflejan una persecución a quienes forman parte de la autodenominada revolución ciudadana, con el objetivo de llegar al exmandatario.
Para ellos, “son más los aciertos que los errores” que se dieron durante la década en que estuvieron en el poder. Defienden la labor de Correa y de las instituciones que se crearon, como el Consejo de Participación Ciudadana, organismo que designó a varios funcionarios ahora cuestionados.
Para el excanciller Ricardo Patiño, los hechos de corrupción siguen siendo casos aislados que no reflejan la obra que realizó en el Gobierno anterior. Insistió en que siguen siendo unos pocos, lamentables, actos de corrupción los que sucedieron, que la oposición y la prensa tratan de agrandar para hacer pensar que hubo una corrupción generalizada.
En tanto, para el asambleísta Mauricio Proaño (del grupo de correístas) existe una “programación sistemática”, adecuada por el consultor Jaime Durán Barba, para que cada semana se haga público un escándalo con el fin de desprestigiar lo que se logró. “Nosotros nunca hemos dicho que no hubo equivocaciones, pero esas son menores que los aciertos. Se trata de una persecución que busca llegar a Rafael Correa, a quien van a intentar meterle preso”, aseveró.
“Con el término corrupción quieren recuperar no derechos sino privilegios. Y ante la imposibilidad de tapar o esconder la obra construida por la revolución ciudadana, buscan la forma de desmerecerla a través de poner todo bajo sospecha”, manifestó a este medio el asambleísta Juan Cárdenas.
Los defensores del expresidente llegan a comparar la situación con la que vivió Eloy Alfaro. Para ellos, su líder sigue siendo puro y libre de corrupción sin importar las pruebas que puedan existir. “No les interesa el país sino sus propios intereses”, dicen al hablar de los “grupos de poder” que supuestamente persiguen al expresidente.
El legislador Bairon Valle es otro de los defensores. Para él, no existe sociedad, programa o ley perfecta, aunque sí perfectible. A sus ojos, los hechos de corrupción que se han denunciado son responsabilidad de cada persona, mas no de las instituciones a las que representan, y peor aún de quien estuvo al frente del Gobierno. No existe, entonces, la responsabilidad política.
Los parlamentarios rechazan que se quiera desacreditar al Consejo de Participación Ciudadana por “errores” de personas y no del mecanismo para la selección de los funcionarios. “Con la nueva estructura se evitó el reparto, la troncha que se daba en la partidocracia”, afirmaron.
Eso sin contar con los ya frecuentes “errores de buena fe”.
Manejo de la deuda en entredicho
Según el informe borrador sobre la auditoría a la deuda pública, realizado por la Contraloría, el Gobierno del expresidente Rafael Correa rompió el techo del 40 % de la deuda con relación al Producto Interno Bruto (PIB), cambiando normas para así llevar un manejo discrecional.
De ratificarse el contenido del informe, este podría, según dijeron, tener indicios de responsabilidad penal, lo que involucraría al exmandatario y a varios exministros de Finanzas.
