Se quedaron con las ganas. No pudieron los correístas hacer realidad los sueños húmedos de su líder prófugo, expresados en aquel famoso tuit de la semana anterior: “Vamos entonces de las palabras a las acciones -decía-: con 92 votos en la Asamblea se puede adelantar elecciones”. No los tuvieron: les dieron la espalda Pachakutik y los socialcristianos. Así las cosas, el debate sobre la crisis de inseguridad en el Pleno no pasó de una formalidad aburridora y profundamente inútil, pese a los desplantes y los excesos retóricos, en torno a una difusa propuesta de resolución de 28 puntos que nadie supo nunca cuáles eran. Ni siquiera el proponente (Ramiro Narváez, de la Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad) fue capaz de enumerarlos. Llegado el momento, tampoco se consideró necesario leerlos. No obsta: hablaron durante seis horas y media (sobre cualquier cosa) y votaron a favor (de cualquier cosa).

Todo pudo detenerse minutos antes de empezar la sesión, luego de que un grupo de 15 legisladores, encabezados por Fernando Villavicencio, anunciaran la conformación de una comisión especial para investigar “los vínculos del narcotráfico con los políticos y con algunos legisladores”. Fue la única propuesta concreta que se pudo escuchar en toda la jornada, pues en la sesión plenaria no se oyó ninguna más allá de la formulación de lo que ya podría considerarse como viejas obsesiones de las bancadas más ruidosas: los correístas, que a pesar de su imposiblidad no dejaron de evocar la figura de la muerte cruzada (“Si le quedó grande el puesto renuncie, váyase a su casa, vayámonos todos”, dijo María Fernanda Astudillo dirigiéndose al presidente de la República); y los socialcristanos, convencidos de que la guerra contra el narcotráfico se gana disparando “a matar” (fórmula que repiten con sospechosa insistencia) y aprobando una ley que permita el libre porte de armas (“Si nos declaran la guerra, actuemos como en una guerra”, reclamó Nathalie Viteri).

Hubo dos críticas recurrentes al gobierno que los asambleístas del oficialismo optaron por ignorar: una, por la bajísima ejecución presupuestaria en los rubros de seguridad (con la consiguiente falta de equipamiento adecuado de la Policía); otra, por las instrucciones impartidas por el presidente a sus ministros para que no compartan indiscriminadamente información reservada sobre temas de seguridad en las comisiones parlamentarias. “¡No tienen permiso para tratar de solucionar esos problemas que hoy en día nos aquejan lamentables respuestas!”, exclamó una incomprensible Lucía Placencia, con su habitual incompetencia retórica. Y exigió: “Señor presidente, sus representantes tienen que estar viniendo aquí a las comisiones porque nosotros estamos cercanos a la ciudadanía, pasamos dialogando y atendiendo las demandas ciudadanas, somos la voz de ellos”.

Un puñado de ideas sueltas pasó zumbando sobre las cabezas de los honorables legisladores y desapareció en el éter, en la nada: la de instituir una “universidad de ciencias policiales” (Nathalie Arias); la de permitir el derribo de las avionetas del narcotráfico (Johanna Moreira); la de establecer un plan de contingencia legislativa para la aprobación urgente de las leyes sobre seguridad que están pendientes esperando turno para el debate (Xavier Santos); la de instituir la figura de jueces y fiscales sin rostro (Nathalie Viteri); la de juzgar como adultos a los menores de edad que cometan delitos relacionados con el narcotráfico (Ricardo Vanegas)...

Ninguna de estas medidas forman parte de la lista de 28 que Ramiro Narváez presentó como “soluciones al corto plazo” y de las que apenas pudo citar dos o tres vaguedades como “recuperar el territorio” y “trabajar en equipo”. Finalmente, cerca de las siete de la noche, tras más de seis horas de debate y cuando el Pleno se disponía a votar por la propuesta de Narváez, el secretario tampoco leyó los famosos 28 puntos, nomás una resolución retórica de 16 artículos, uno de los cuales era respaldarlos. Se aprobó con el voto de 120 legisladores que no necesariamente tuvieron que conocerlos.

El documento se dio a conocer minutos más tarde. Los 28 puntos de Narváez y la Comisión de Seguridad de la Asamblea son, en su mayor parte, un compendio de perogrulladas y buenas intenciones. Incluye cosas como “Usar el estado de excepción acompañado de una estrategia inteligente para recuperar zonas conflictivas”. O “Disponer todos los recursos económicos para vibilizar la acción estatal”. O “Implementar estrategias de urgente cooperación internacional”. O diseñar “estrategias y mecanismos para combatir el delito y la criminalidad, partiendo de su diferente naturaleza”. O poner en marcha una “Reforma integral al sistema de rehabilitación social para garantizar la real reinsersión”. O “Establecer políticas de recuperación del espacio público”. Es lo que Narváez llama “propuestas concretas”. Cosas que no se le habían ocurrido a nadie y suenan muy fácil de conseguir, como “Cortar el suministro económico a los grupos organizados”. ¿Por qué no estará hecho ya?

También hay algunas obviedades, como “Poner en marcha un plan integral de dotación de cámaras de videovigilancia”. O “Establecer una línea anónima y expedita para denuncias”. O “Implementar un sistema de recompensas”. Lo extraordinario de la jornada del lunes no es que el Pleno tardara seis horas y media en aprobar este documento, sino que en realidad nunca supo que lo estaba haciendo. Así, si alguna esperanza subsistía de que la Asamblea hiciera algo frente a la crisis de la inseguridad, el debate de este lunes terminó por enterrarla. Porque cuando no hay posibilidades de tumbar al presidente, no hay nada. Ya lo dijo Pierina Correa: “La Asamblea tiene competencias y lastimosamente tenemos que mantenernos dentro de ellas”.