En una entrevista radial, este lunes 7 de noviembre, el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, reveló que el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió una carta el pasado 31 de octubre al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, para que transmita a los presidentes de las comisiones legislativas que “el presidente dio la orden a todos los ministros y secretarios de Estado de la red de seguridad no asistir a las convocatorias de la comisiones de la Asamblea Nacional, porque no ofrecen las garantías para que la información que se suministre sea adecuadamente tratada y defendida”, esto en el marco de los hechos violentos de bandas criminales suscitados desde la semana anterior en varias ciudades del país y los enfrentamientos en la Penitenciaría del Litoral, así lo sostuvo ante la entrevista realizada por el periodista Freddy Paredes.

El alto funcionario público explicó que los ministros son llamados a las comisiones de la Asamblea Nacional para ser hostigados y no para tener un diálogo constructivo democrático.

“¿Qué es lo que hace la asamblea en este momento? Hostigar, perseguir, a quienes estamos en el área que tiene que ver con la seguridad del Estado”, manifestó Ordóñez. Quien justificó que hay temas de seguridad que no pueden ventilarse y deben ser tratados como reservados en las mesas, pero la negativa de los legisladores viene acompañada por las amenazas de juicio político. “En vez de sentir el apoyo, la colaboración de la Asamblea, lo que sentimos es que tenemos otro frente con el cual debemos dar batalla”, dijo.

Así también, el secretario de Seguridad Pública y del Estado puso como ejemplo que el ministro del Interior, Juan Zapata, en poco más de 30 días en el cargo ha sido llamado a la Asamblea 26 veces, “más o menos una vez por día” y le llaman para hacer “un acto de hostigamiento”.

Durante la entrevista radial también cuestionó el informe realizado en el Caso Bernal por asambleístas de una línea “irracional, irreflexiva” donde se responsabiliza políticamente al Primer Mandatario y a la secretaria de Derechos Humanos por el femicidio de la abogada María Belén Bernal.