Casi cinco horas tomó la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, ante el pleno de la Asamblea Nacional, en donde quedaron más dudas que certezas sobre el futuro del proyecto económico urgente que el Gobierno piensa presentar para su tratamiento en el marco de la reactivación del país tras la emergencia sanitaria por coronavirus.

Martínez se presentó ante los asambleístas con el plan de 'Ecuador Solidario' que se sustenta en tres componentes: resistencia, reactivación y recuperación. 

Insistió que el problema al que se enfrenta Ecuador es similar al que enfrenta el resto de naciones del mundo, basándose en una crisis de oferta a la que se suma la crisis de la demanda, lo que complica el panorama económico del país, por lo que reiteró, que en ese escenario, hay que tomar decisiones que permitan proteger a los sectores más vulnerables.

Así mismo, defendió la decisión del Gobierno de pagar los 320 millones de dólares de deuda, y reiteró que eso se lo hizo con el afán de lograr más recursos de los organismos internacionales que servirían para cubrir los gastos que el país requiere para cubrir lo que ha creado la pandemia. Anunció que junto con el proyecto de reactivación económica se presentará el proyecto de reformas a la Ley de Finanzas Públicas.

Sin embargo, los argumentos del Ministro no tuvieron la respuesta que el Gobierno habría deseado ni siquiera de los asambleístas de su propia bancada legislativa, que pidieron reparos a la propuesta esbozada, al sostener que "se le está metiendo la mano al bolsillo de los más pobres” para superar la crisis e hicieron reparos y propuestas que no están contempladas dentro de los anuncios que han hecho las autoridades de Gobierno incluido el presidente de la República, Lenin Moreno.

Además, criticaron el hecho de que hasta el momento no se cancele los sueldos en el sector público, no se pague a los proveedores del sector salud, no se transfieran los recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), que no existan certezas sobre la recepción de recursos de los organismos internacionales de crédito; y, la falta de decisión política para renegociar la deuda externa y revisar las tasas de interés en el sector financiero del país.

Los legisladores del oficialismo, Ana Belén Marín, Ximena Peña y William Garzón, fueron muy críticos a las propuestas del Gobierno, sobre todo a la contribución que deberán hacer los ecuatorianos que ganen desde los 500 dólares.

“No podemos hablar desde una proyección que al parecer será algo mínimo, es un impacto importante. Si bien es cierto todos debemos arrimar el hombro, pero para esto tenemos que saber con claridad cuál va hacer el impacto en el consumo que tendrán los ciudadanos al momento de hacer estas contribuciones. No hay propuestas reales”, sostuvo la legisladora Ana Belén Marín (PAIS).

A las críticas se sumó su compañera de bancada, la asambleísta y coordinadora de Alianza PAIS; Ximena Peña. Ella sostuvo que las medidas como están presentadas es una clara regresión de derechos ya que se está disminuyendo los salarios. Planteó, que se debe buscar recursos en otros sectores, como en aquellas empresas que se beneficiaron de las remisiones, tanto las del 2008 por 153 millones de dólares, como las del 2015 por 971 millones de dólares o la última del 2018 por 1.268 millones de dólares.

Así también, propuso que se haga una revisión de los grupos económicos que se han beneficiado de las exoneraciones tributarias. Además, considera que la Junta Monetaria debe hacer una revisión inmediata de las tasas de interés.

Las críticas a las propuestas que se dice contendrá el proyecto urgente, que hasta el momento no llega a la Asamblea, siguieron por parte de los asambleístas de otras tiendas políticas que fueron incluso más radicales. Fue el caso de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) representada por el legislador por el Azuay, Juan Cristóbal Lloret, quien anunció que iniciarán un proceso de juicio político en contra de Richard Martínez, por incumplimiento de funciones.

La posición de los asambleístas del anterior gobierno se sustenta en la decisión del Gobierno de pagar 325 millones de dólares de deuda externa, en momentos en que el país requería de esos recursos para superar la emergencia sanitaria por el coronavirus, y en donde los hospitales no tenían las medicinas, los médicos, enfermeras y laboratoristas se quejaban de la falta de insumos para poder trabajar. Aseguraron que el ministro debió priorizar la vida antes que pagar la deuda.

A un posible juicio político se sumaron los asambleístas, Carlos Bergman, quien llego auspiciado por el partido de Gobierno, y el legislador de Raúl Tello (BIN), ya, que, a su criterio, se privilegió el pago de la deuda externa que a cancelar los sueldos de los servidores públicos.

En tanto, los asambleístas César Rohon (PSC), Guillermo Celi (SUMA), Homero Castanier (CREO) anticiparon su criterio de que sus partidos no apoyaran ninguna iniciativa que este dirigida a crear impuestos o establecer medidas que busquen meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos”.

Ellos también rechazaron el pago de la deuda externa, y pidieron explicaciones al Ministro de Finanzas sobre el viceministro, Esteban Ferro, quien tendría vínculos con tenedores de deuda y tendría una empresa en paraísos fiscales, lo que está prohibido por la Ley.