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Coronavirus: los delitos contra la vida no cesaron durante la cuarentena

Los tres últimos casos se registraron en Salinas y en sectores del norte y sur de la capital

CASCOS AZULES
Los cascos azules de la Policía Nacional apoyan en las tareas humanitarias y de seguridadCortesía

Más de medio centenar de personas han sido detenidas por la Policía por cometer delitos contra la vida durante la cuarentena decretada para prevenir el avance del coronavirus en el Ecuador.

Desde el 17 de marzo hasta este lunes 27 de abril la Policía registró 29 aprehensiones por asesinato, 23 por homicidio, seis por homicidio culposo, cuatro por muerte culposa y tres por muerte causada por conductor ebrio. Las cifras son parte de 4.114 detenciones efectuadas en poco más de 40 días de aislamiento dispuesto por la emergencia sanitaria ante el avance del COVID-19.

Aunque el cometimiento de delitos disminuyó durante el encierro obligatorio, en los últimos días se registraron varios asesinatos. En la Ecuatoriana y en Pisullí, sur y norte de Quito hubo dos víctimas, informó el comandante del Distrito Metropolitano de Quito, Fausto Salinas. El oficial destacó que los sospechosos de esas muertes fueron apresados.

En Guayas, la Fiscalía investiga el asesinato por estrangulamiento de una adolescente de 16 años ocurrido el sábado en Salinas. También hay una persona detenida que esperaba la formulación de cargos. Los uniformados han tenido que atender además denuncias por robos a domicilios, robos a personas, asaltos y hasta pedidos de auxilio por violencia intrafamiliar.

Para los miembros de Fuerzas Armadas el panorama dentro de su ámbito de acción no ha sido distinto. Además de apoyar en los controles por el estado de excepción, toque de queda, restricción vehicular y acciones policiales, han continuado con sus tareas de patrullajes en la zona fronteriza. Gracias a las labores de inteligencia militar entre el viernes y domingo siete ciudadanos colombianos fueron aprehendidos por su vinculación a la minería ilegal en Sucumbíos. Serían parte de grupos irregulares colombianos.

Integrarían el grupo de los armados que habrían extorsionado y cobrado supuestos peajes a los mineros ilegales de Buenos Aires, en Imbabura, a cambio de brindarles protección. Esas minas fueron clausuradas en julio del año pasado. En su poder se encontraron fusiles, granadas, municiones, uniformes militares colombianos, entre otros. Los militares, durante la emergencia sanitaria, han apoyado a la Policía en 1.811 operaciones de control a la restricción de la movilidad, controles permanentes en 27 cárceles, en 11.932 aprehensiones de personas, 4.694 vehículos retenidos y 46 locales clausurados, entre otras tareas.

Apoyo de los cascos azules 

Desde hace casi tres semanas los cascos azules de la Policía, especializados en mantenimiento de paz, ayuda y asistencia humanitaria, han sido distribuidos en las provincias de Guayas y Los Ríos. Son al menos 68 uniformados. Una parte del grupo también cumple labores en Quito en la emergencia sanitaria por el coronavirus. Su objetivo es reforzar las acciones emergentes y sanitarias en los lugares de mayor necesidad y ayudar con el control del orden público.

Entre militares y policias existen casi 1.000 casos confirmados por COVID-19 y casi una docena de fallecidos en ambas entidades. Los miembros de la Fuerza Pública han recibido donaciones de implementos de seguridad y bioprotección.