La Asamblea hace un llamado a la unidad nacional en este momento de crisis que ha generado una emergencia sanitaria causada por el coronavirus. El llamado de la Función Legislativa es parte de la resolución que aprobó el pleno en la sesión virtual del día martes.

“Hacer un llamado a la unidad nacional ante la delicada situación sanitaria y económica que atraviesa el país por el COVID-19, para que, en el marco del respeto a la Constitución y la Ley, se acaten las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional a través de la declaratoria del estado de excepción, el dictamen sobre el estado de excepción de la Corte Constitucional, y aquellas referentes a la salud y seguridad que emanen del Comité de Operaciones de Emergencia - COE Nacional-, especialmente aquellas sobre restricción de movilidad, distanciamiento social y normas sanitarias, donde prevalecerán los principios de orden, hermandad, colaboración y solidaridad entre los ecuatorianos”, precisa la resolución.

En este marco, también hacen un llamado a todas las organizaciones políticas del país a acordar un período de consenso, diálogo por la unidad nacional y responsabilidad social. Que esto trascienda de visiones ideológicas, para que todas las funciones del Estado puedan planificar las respuestas inmediatas y a largo plazo por la crisis social, de salud y económica que deja la pandemia del COVID-19. Y así enfrentarla atendiendo los derechos y necesidades de toda la población en especial de los más vulnerables.

Además, considerando las graves consecuencias que la pandemia está provocando en la sociedad, que según las últimas cifras oficiales había ocasionado 34 personas fallecidas y 1.382 personas contagiados de coronavirus, requerir que, de forma urgente, se convoque al Consejo de Seguridad del Estado. Con esto, en coordinación con todas las funciones del Estado, se adopten las medidas y acciones necesarias para enfrentar la emergencia, en el marco de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y respetando las competencias de todas las funciones del Estado.

Requerir al Consejo de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de sus competencias, implemente la atención mediante plataformas virtuales para garantizar el acceso a mecanismos de denuncia y protección frente a posibles afectaciones al ejercicio de los derechos del consumidor por el acaparamiento de bienes de primera necesidad, los derechos sociales y laborales de la población; mecanismos que deben garantizar transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, consentimiento informado, debido proceso, acceso a la justicia y reparación integral.

También hacen un llamado al Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados revisar su programación presupuestaria y fijar nuevas prioridades acorde con la situación actual del país, priorizando aquellas que dinamicen la economía y generen fuentes de empleo, evitando todo tipo de gastos no prioritarios, controlando el gasto de equipamiento en defensa y, dando prioridad al equipamiento de hospitales y centros de atención a la salud.

Que Gobierno y municipios garantizarán la provisión de los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, comunicación e internet y de recolección de basura para todos los hogares ecuatorianos, suspendiendo temporalmente los cortes por falta de pago, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria en el país y, en el plazo de cinco días, establecer mecanismos para la disminución, el diferimiento, remisión o reprogramación de las deudas que se generen por estos y otros conceptos como servicios que brindan las instituciones, en especial para los grupos más vulnerables.