Distintos bandos, un mismo pedido: reformar la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.

Las propuestas, presentadas por los asambleístas Absalón Campoverde (CREO), Mónica Alemán (PAIS) y María Mercedes Cuesta (Fuerza EC), y aprobadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tienen el mismo fin, endurecer las normas para la adjudicación de contratos.

Al porqué el Frente de Transparencia y Luchas Contra la Corrupción le dio voz ayer, visibilizando una teoría probada una y otra vez en los últimos años; los contratos directos y los realizados bajo el régimen de emergencia, sometidos a normativas menos rígidas que los procesos de concurso a través del portal público, fomentaron los actos de corrupción y los sobreprecios.

Entre los casos denunciados se encuentran quince obras elaboradas por la contratista Odebrecht, la edificación de unidades judiciales, vías y complejos educativos.

“Hasta el año 2015, 40 % de la contratación pública se canalizó a través de contratación de emergencia o contratos directos. ¿Por qué? Por la fragilidad del sistema”, declaró el jurista Xavier Zavala Egas, miembro de la comisión a EXPRESO.

El informe presentado por la entidad prevé la eliminación de los contratos directos y el retorno de los informes previos de Contraloría para los convenios que deban registrarse bajo régimen de emergencia.

Así lo determina también la propuesta de Campoverde, quien estableció que “los procesos de contratación a través de regímenes especiales son discrecionales, no permiten la competitividad y han derivado en una elevación de costos... Es necesario eliminarlos para que la infraestructura pública se realice con procesos competitivos y con el aporte de empresas nacionales”.

El proyecto, además, contempla restablecer el monto de anticipo entregado por los contratantes y normar el régimen de emergencia solo para convenios relacionados a la superación de catástrofes o seguridad interna.

Las reformas propuestas por Cuesta también buscan devolver funciones a la Contraloría General del Estado. “Si bien es cierto que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública incluyó avances y eficiencia operativa... también borró barreras y creó artilugios que permiten, hoy por hoy, contrataciones al margen del control y de todo procedimiento regular”, aseveró.

La normativa, no obstante, contempla también un plazo máximo de entrega de quince días a los informes previos, medida que busca que el proceso de control no atrase la negociación.

Para el jurista experto en contratación pública, Cristóbal Buendía, esta disposición es vital en cualquier reforma que se apruebe. “La remoción del informe previo de Contraloría se hizo para agilizar los procesos. Hubo un mal uso, pero cualquier norma que se restablezca, debe controlar, pero garantizar la eficacia”.

El último proyecto, propuesto por Mónica Alemán, de PAIS, no ahonda en el tema de la corrupción, pero plantea la obligatoriedad de que las entidades contratantes cuenten en firme con el presupuesto necesario para la contratación previo a la búsqueda de ofertas y la obligatoriedad preferencial a las empresas y microempresas nacionales.

Hospitales públicos, a revisión

A fines de 2016, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Enrique Pita, declaró que los hospitales contratados por el IESS, entre ellos el de Los Ceibos, en Guayaquil, y los de Machala y Quito, hubiesen costado menos si se edificaban con empresas nacionales. Estos fueron construidos por un consorcio chino. Ahora, tras las declaraciones de la Contraloría, la asambleísta Cristina Reyes, de PSC, indicó que su bloque hará un pedido a la entidad para que todos los contratos hospitalarios sean revisados. “No nos sorprendería que hubiesen irregularidades”, declaró.