Las alertas existen desde hace meses, incluso años. El Gobierno dijo, sin precisar nombres ni el estado de las investigaciones, que hay 31 funcionarios del anterior gobierno a quienes se les debería prohibir la salida del país por su presunta participación en actos de corrupción. Fue su reacción a la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación e investigado por peculado en la producción de los enlaces ciudadanos.

A pesar de las preguntas de los periodistas, esos nombres no han sido revelados. Existe, sin embargo, una pista que nace en la Contraloría General: hasta ahora hay, al menos, 17 funcionarios del Gobierno de Rafael Correa que podrían estar implicados en posibles delitos. La entidad de control, entre 2016 y 2018, envió 35 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía para que inicie la investigación.

En la lista hay de todo un poco. Está el mismo Rafael Correa, que vive en Bélgica, o su vicepresidente Jorge Glas, que ya tiene una sentencia por asociación ilícita y detenido desde el lunes en la cárcel de Latacunga. También están ministros de Finanzas, Petróleo, Vivienda, Turismo dos expresidentes de Petroecuador o Agua que también tienen cuentas pendientes con la justicia (ver gráfico).

Encabezando el top ten de los ‘sospechosos’ está el ahora prófugo Fernando Alvarado; como publicó EXPRESO la semana pasada, él tiene 11 informes que llegaron a la Fiscalía el 20 y el 25 de abril de 2018. En su defensa, él asegura que la Contraloría “reabrió” los casos. En un escrito que entregó a la Corte Nacional de Justicia, dice que el objetivo de los nuevos informes era “hacerlo responsable por todo lo actuado en la Secretaría de Comunicación”, que la entidad llegó a “conclusiones vacías y sin sustento”.

Según Carlos Xavier Zavala, procurador judicial de Alvarado, “el mensaje era claro, lo que tenía que hacer mi defendido es callar y dar paso a un costado de las filas militantes del gobierno anterior”.

Su hermano Vinicio Alvarado, que fue secretario general de la administración y ministro de Turismo, también tiene un expediente pendiente en la Fiscalía. El informe que llegó de la Contraloría está relacionado con posibles irregularidades del plan de marketing turístico: contratos de servicios de asesoría y consultoría en programas de imagen, valuación financiera, inventario, valoración y codificación de los activos fijos, respecto de los cuales no se encontró información completa.

Su caso se supone que debe estar en investigación. La alerta de la Contraloría fue enviada dos días antes de la de su hermano: el 18 de abril. Hasta ayer, sin embargo, no aparecía en el sistema de búsqueda de la Fiscalía.

Y ese es uno de los procesos que le interesa agilizar al Gobierno: para intentar reducir el impacto de la fuga de Fernando, el Ejecutivo dijo que pedirá a la justicia que se ordene la prohibición de enajenar bienes para Vinicio y Carlos Alvarado.

Ahora que, la lista preliminar de la Contraloría también sirve como una herramienta para medir la efectividad que podrían tener los anuncios del Gobierno: de los 17 señalados por la Contraloría, cuatro ya están detenidos: Jorge Glas, Carlos Pareja Yannuzzelli, Álex Bravo y Alecksey Mosquera (todos por su participación en la trama de corrupción de Odebrecht).

Otros dos están fuera del país: Rafael Correa, en Bélgica, y Fernando Alvarado (el último incluso dijo que tramita el asilo político en un país amigo). Y hay otros cuyos últimos rastros también están en el extranjero: Patricio Rivera y Fausto Herrera, exministros de Finanzas, que aparecieron hace algunos meses en Venezuela como asesores del Gobierno; así como los exministros de Hidrocarburos, Wilson Pástor y Pedro Merizalde.

Los demás ya recibieron la advertencia estatal de que, tal vez, en el futuro la justicia les prohíba salir del país.

Yánez ya es testigo protegido

Fue el segundo al mando en la Secretaría de Comunicación y ahora ofrece colaborar con la Fiscalía en la investigación por supuesto peculado en la contratación de los enlaces ciudadanos. Pablo Yánez, exsubsecretario de Comunicación, ingresó al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos el pasado jueves, informó la Fiscalía. El exfuncionario ha dicho, por intermedio de su abogada Lorena Grillo, que cuenta con información que aportará al esclarecimiento de los hechos y para determinar el rol que tuvo Fernando Alvarado en los procesos de toma de decisiones.

Moreno tiene la renuncia de Granda

El secretario de Gestión de la Política y ministro de Justicia (e), Paúl Granda, presentó ayer su renuncia. Él mismo lo informó a los periodistas en el Palacio de Carondelet. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, el primer mandatario no se había pronunciado.

Granda anunció, además, que en los próximos días se firmará el decreto ejecutivo con el que se creará un ente especializado y autónomo que se hará cargo del sistema de rehabilitación social. Esa fue una decisión que se tomó tras la eliminación del Ministerio de Justicia.