Desde el robo de las limosnas que los feligreses dejan a los santos en las iglesias, hasta los ingresos furtivos a las fincas, donde se llevan los productos agrícolas. Son varios los factores que han provocado la alerta y preocupación de los habitantes de las comunas peninsulares, ante grupos de jóvenes consumidores de la droga denominada H.

El mal ha crecido en los últimos cinco años y según datos de los cabildos locales, en todas las poblaciones rurales de la Península existen muchachos afectados por el vicio. Lo preocupante es que cada vez son más.

Pedro Barzola, morador de Libertador Bolívar, se desempeña como inspector de su localidad y en sus rondas nocturnas ha sido testigo de cómo este problema se agudiza. “Hasta hace dos años, en este lugar apenas eran cinco los muchachos viciosos, pero en la actualidad ya superan los 20”.

Con lo aseverado por Barzola coinciden Elías Muñoz, habitante de San Pedro, y Alberto Tomalá, poblador de Colonche. “Es como una plaga, peor que la COVID-19. El problema es que no existen vacunas para curar a los muchachos viciosos”, dice Muñoz.

Hay un incremento de hechos delictivos en las comunas, en su mayoría ocasionados por los ‘hacheros’. Para hacer frente a esta problemática, en las poblaciones se han conformado brigadas comunitarias de seguridad. Los comuneros efectúan rondas nocturnas en su intento de frenar que los adictos cometan excesos.

“Resulta insuficiente porque nuestro trabajo no es represivo, solo es de control. Cuando ocurre algo grave, se llama a la policía y los gendarmes se llevan detenidos a los infractores, pero después se declaran adictos y salen. Estamos cansados de esto”, lamenta Barzola.

En localidades como Libertador Bolívar, Valdivia, San Pedro, Sinchal, Barcelona y otras poblaciones, los cabildos comunales han resuelto en asambleas dictaminar normas que rigen en el interior de cada localidad.

Entre las medidas adoptadas están: prohibir que los adolescentes deambulen por las calles desde la medianoche hasta el amanecer; cacheo a los jóvenes que sean sorprendidos en horas prohibidas; la droga decomisada será quemada; desalojar de cada población a los microtraficantes que llegan a vender el alcaloide.

“Hemos tenido amenazas de muerte por esto, pero queremos evitar que este mal continúe propagándose. En vista de que nadie hace nada debido, porque las leyes amparan a los adictos, decidimos activarnos nosotros mismos”, indica el poblador Luis Orrala, residente en San Pedro.

En la población de Libertador Bolívar, los agentes comunitarios lograron decomisar 250 sobres de heroína en un mes y con ello se evitó que el estupefaciente sea consumido por los adolescentes de aquella localidad. “Todo fue quemado de manera pública. El objetivo es sanear de esta droga a los muchachos de nuestra comuna”, comenta el lugareño Teodoro Coronado.

En las comunas existe la sensación de que la problemática es cada vez más grave y lo lamentable es que en la Península no existen centros públicos para la rehabilitación de consumidores. A los pocos jóvenes que acceden a un tratamiento de desintoxicación se los trata en los hospitales, pero según expertos en este tipo de programas existen falencias.

EXPRESO conoció que en los centros de salud a los muchachos que buscan ayuda profesional se los somete a terapias momentáneas. Luego de una charla con un psicólogo, tanto con el paciente como con los familiares, se los da de alta. En muy pocos casos existen seguimientos para conocer si estas personas logran superar su adicción, según se afirma en las comunas.

“Esto es un problema que las autoridades provinciales deben ayudar a resolver. Si no, la adicción a las drogas en poco tiempo será más difícil de enfrentar. Se debe trabajar mucho en prevención”, aconseja el galeno Diego Alejandro.

El coronel José Vargas Alzamora, jefe de la Policía en la Península, afirma que “ya estamos trabajando de forma articulada con los voluntarios de seguridad en cada población. Se ha pedido a los moradores que denuncien de forma reservada a los expendedores de la droga y así disminuir la venta al menudeo de las sustancias psicotrópicas”.

Aceptar que algún familiar está en el mundo de la drogadicción es también otro de los inconvenientes en la zona rural peninsular. A eso se debe la poca acogida que tienen los programas de alerta que se dictan en las comunidades.

“En principio las familias le dan poca importancia a este mal que afecta a los jóvenes. Se invita a los mayores para que formen parte de las charlas de prevención, pero prefieren quedarse en sus casas y no reconocer el mal latente que se tiene”, sostiene Felipe Orrala, motivador de una oenegé que labora en tareas de ayuda social en lugares vulnerables.