Consulta popular y Consejo de Participacion Social
Desde su regreso, el presidente Moreno se ha dedicado a atender el procesamiento de propuestas de los diferentes actores sociales, políticos e institucionales, proceso convocado por él para formular 8 preguntas, según él mismo y sus asesores, de la Consulta Popular a los ciudadanos ecuatorianos para recuperar y fortalecer el Estado Democrático, que había sido maltratado y desfigurado por las prácticas autoritarias del caudillo y sus cortesanos, violando su propia Constitución del 2008.
Siendo coherente con lo planteado en el artículo de la semana pasada, que decía Modificación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social-Cpccs, en lo relacionado a la conformación y forma de elección de los consejeros; redefinir sus funciones y darle capacidad sancionadora, profundicemos en su contenido: los objetivos de la Cuarta Función Constitucional del Estado como mandante y fiscalizador, significan nuevos derechos y obligaciones, pero siempre y cuando no se conviertan en una estrategia soterrada y perversa para construir un poder autoritario como sucedió, posteriormente, con el hiperpresidencialismo y la captación de los otros poderes del Estado.
Lo que nos lleva a diferenciar en este caso entre la Función (art. 204 de la Constitución) y el Consejo (art. 207); es este último el que ha incurrido por su complicidad y aletargamiento en errores inconcebibles, debido a su conformación por lo vago, impreciso y general que es el tercer inciso del artículo mencionado. Lo que fue aprovechado hábilmente por la bancada oficialista cuando se formuló la Ley Orgánica del Cnpccs de 2009 en lo relacionado, por ejemplo, a las prohibiciones en el art. 21, numeral 8, cuando debió hacerse por 4 años que dura un período presidencial y no participación de exfuncionarios del régimen de turno; y, la forma mañosa y artera como se manipuló la parte de la “Postulación” de candidaturas al Consejo.
No se les otorgó a miembros de veedurías y contralorías fuero de corte e inmunidad, si no recordemos lo que le ha sucedido a Pablo Chambers y David Portillo por iniciativa judicial del caudillo.
