Guillermo Lasso oficializó su propuesta de consulta popular y dejó al descubierto que los temas políticos que en su administración se han vuelto una barrera para gobernar son los que lideran las ocho preguntas presentadas ayer a la Corte Constitucional para su respectivo dictamen de constitucionalidad, más allá del orden en que se encuentran.

EXPRESO consultó a varios analistas políticos sobre el trasfondo que tendría la aplicación de este mecanismo de democracia directa en la actual situación política que enfrente el primer mandatario -la poca aceptación y bloqueo legislativo - y todos coinciden en que, si bien se busca dar respuesta a temas de coyuntura que se han venido discutiendo hace varios meses, lo que quiere el Gobierno es ratificar la legitimidad en el cargo.

La magíster en Ciencias Políticas, con concentración en Asuntos Públicos de la Universidad Pantheon-Sorbonne de París y experta en Seguridad Pública y del Estado, Carolina Andrade, cuenta que lo que se incluye en la pregunta número uno para enfrentar a la ola de inseguridad ciudadana, es una reacción tardía al problema y que al tratarse de un tema de alto impacto buscaría ser el eje de atracción para el resto de temas.

“La pregunta que está enfocada en el tema complementariedad de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, ya está prevista en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, de hecho, en 2014 se hizo una reforma justamente para poder permitir legalmente que se haga esta complementariedad... Es legalizar un estado de excepción permanente. Aquí lo que me parece que está detrás son las preguntas más importantes vinculadas al Consejo de Participación Ciudadana y Consejo de la Judicatura, algo que ya ha sido criticado por el presidente Lasso”, explica Andrade.

En la presentación del contenido, Guillermo Lasso aludió que la “consulta ciudadana” dará soluciones inmediatas para el Ecuador y que fue elaborada con ayuda los representantes de varios sectores. “La consulta está a favor del Ecuador y no en contra de nadie. Con esta consulta ganaremos todos... En esta consulta no habrá hombres ni mujeres, candidatos o cargos, lo que sí habrá es ideas, propuestas y soluciones inmediatas”, exclamó Lasso ayer en Carapungo, norte de Quito.

Para el analista político, catedrático y articulista, Julio Echeverría, la consulta popular es una estrategia de relegitimación que busca el jefe de Estado. Comenta que, sin duda, detrás existen distintas motivaciones, pero donde existe un inminente riesgo de que se politicen los temas de reforma institucional que se plantean y aquello derive en un rechazo rotundo.

“Por ejemplo, la pregunta que hace referencia a introducir una enmienda para que el CPCCS no pueda designar autoridades de control, que es una demanda ampliamente respalda por la ciudadanía, si es que entra dentro de esta polarización política, podría ampliamente rechazarse. Las probabilidades son altas”, expone a este Diario el analista.

Por este tema en particular relacionado con el CPCCS -que de aprobarse paralizaría la designación de un nuevo contralor y procurador general del Estado, renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y defensor del Pueblo- la consulta podría realizarse antes de las elecciones de febrero del 2023. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sostuvo ayer que es indiferente la fecha, pero que prefieren que sea antes.

El paquete de preguntas para la consulta popular ya está en manos de la Corte Constitucional y el proceso de constitucionalidad recayó sobre la jueza Ximena Cárdenas Reyes. Con ello se abrió un plazo de 20 días para el dictamen. Si el plazo vence y no hay pronunciamiento, se entenderá como un dictamen favorable. Tras ello, el presidente deberá emitir un Decreto convocando a las urnas y el CNE tiene 15 días para realizar la convocatoria oficial, la misma que se deberá realizar en los próximos dos meses. La última consulta popular realizada en Ecuador fue en febrero de 2018 de la mano del entonces mandatario Lenín Moreno.