El panorama se presenta enredado. Los temas y el camino que se necesitaría recorrer para llegar a la consulta popular, bajo análisis del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, plantean situaciones que transitan entre lo inverosímil y lo contradictorio.

Por ejemplo, los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se enterarían, al mismo tiempo, de que fueron favorecidos con el voto popular, pero que el organismo para el que postularon ya no existirá más. Es decir, su participación sería honoraria.

Esto porque el presidente del organismo, Julio César Trujillo, plantea que el Consejo de Participación sea eliminado de la estructura del Estado. La pregunta estaría en la consulta que busca que se incluya en las seccionales del 24 de marzo, en la que además de prefectos, alcaldes, consejeros, concejales y juntas parroquiales, se elegirá justamente a los vocales de Participación.

“Si el pueblo decide que desaparezca (el CPCCS), los que fueron designados tendrán que declinar sus funciones. Eso es todo”, respondió Trujillo ante la inquietud por la situación sui géneris que se produciría.

Pero antes de llegar a la consulta, hay un obstáculo que debe ser resuelto por el Consejo transitorio: la elección de la nueva Corte Constitucional (CC), que será la encargada de analizar y calificar la constitucionalidad de las preguntas que proponga su mismo organismo nominador.

Actualmente, la CC se encuentra en una vacancia tras la decisión de cesar a sus nueve jueces, a los que se acusó de poca independencia con relación al anterior Gobierno. Sin el dictamen de la Corte Constitucional, no existe la posibilidad de hacer la consulta popular.

Optimista como se declara, Trujillo dijo el jueves que para entonces la nueva CC estará posesionada y habrá dado el visto bueno para poner a consideración de los ecuatorianos las 14 reformas a la Constitución que están bajo análisis.

También podría ser usada para blindar las decisiones que ha tomado el Consejo transitorio y todas las instancias que se reformaron a raíz de sus resoluciones. En el organismo consideran que incluir una pregunta en ese sentido no es necesario, porque sería buscar ratificar con una consulta lo que fue aprobado en otra consulta, la del 4 de febrero de este año.

Sin embargo, tampoco se cierran a la posibilidad de que alguien más lo proponga y que los electores avalen en las urnas lo que ha resuelto en el año de funcionamiento que cumplirá en marzo el Consejo de Participación.

De aprobarse la eliminación del Consejo surge otra duda: ¿cuál sería la entidad que se encargaría de elegir a las autoridades de control? Por ahora se sabe que uno de los temas en análisis es el artículo 120 de la Constitución, que se refiere a las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional.

Es decir, la misión podría regresar a la instancia a la que se le retiró esa atribución desde 2010, ante los fuertes cuestionamientos de que politizó la designación de autoridades y que, ocho años después, no ha podido despejar las dudas en torno a su gestión.

Los detalles

Aportes

El Consejo de Participación transitorio tenía previsto enviar a varios abogados constitucionalistas una matriz con los 14 temas que considera deberían ser reformados para que estos los analicen y entreguen sus aportes. Las recomendaciones y sugerencias serán recibidas hasta el 22 de octubre.

Viabilidad

El Consejo Nacional Electoral (CNE) encargado ratificó que es factible incluir en las elecciones seccionales una papeleta con las preguntas de una consulta popular. Esto tendría un menor impacto en el presupuesto, frente a una consulta popular individual, que puede llegar a costar 43 millones de dólares.

Reacción

Hasta ayer, el presidente Lenín Moreno o alguno de sus voceros no había emitido ningún comentario respecto al planteamiento de hacer una consulta popular, pese a que el presidente del Consejo transitorio dijo que al mandatario ya se le habló sobre este tema, aunque no de manera oficial.