En una de las reuniones de uno de los grupos del Consejo Consultivo de Quito, en 2025.
En una de las reuniones de uno de los grupos del Consejo Consultivo de Quito, en 2025.Cortesía Consejo de Protección de Derechos de Quito.

Consejos Consultivos de Quito: retos, voces críticas y propuestas de cambio

Los actuales integrantes serán reemplazados en octubre 2025; ayer se cerró la convocatoria

La convocatoria para ser parte de los 10 consejos consultivos de Quito se cerró el viernes 18 de julio del 2025. Los escogidos serán delegados de niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, animalistas y más defensores de la naturaleza, jóvenes, personas en movilidad humana, LGBTIQ+ y con discapacidad, nacionalidades y pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y montuvias.

De la convocatoria podían participar personas titulares de esos derechos, defensores y representantes de organizaciones de la sociedad civil de cada uno de esos grupos.

Estos consejos consultivos de derechos (CCD) forman parte del Sistema de Protección Integral en el Distrito Metropolitano de Quito. Todo está regulado por la ordenanza 102 y proviene del Código Municipal, actualizado en concordancia con el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).

De acuerdo con la norma, los consejos consultivos son instancias de apoyo, consulta y asesoramiento a la administración municipal en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública temática o intersectorial. Eso según los ejes del Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

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Por cada administración zonal debe elegirse a dos representantes de los consejos consultivos

Los interesados en ser parte de estos consejos acudieron a inscribirse en una de las administraciones zonales: La Delicia, Calderón, Eloy Alfaro, Centro, Manuela Sáenz, Eugenio Espejo, La Mariscal, Quitumbe o Chocó Andino. En el 2023 se inscribieron 198.

De acuerdo con la normativa señalada, los consejos consultivos pueden tener hasta 29 miembros: dos representantes electos por cada una de las 10 administraciones zonales del DMQ (20 en total). Además, un máximo de nueve representantes de organizaciones reconocidas, que actúan en diferentes ámbitos territoriales de la ciudad. Permanecen en la delegación por dos años.

La falta de autonomía es una de las limitaciones de los consejos consultivos

A propósito de esta convocatoria, EXPRESO conversó con tres integrantes del actual consejo consultivo, entre ellos la actual vicepresidenta.

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María Verónica Cevallos es la delegada por las personas afrodescendientes y montuvias, además de vicepresidenta en el Pleno del Consejo de Protección de Derechos. Le parece que los CCD podrían ser uno de los mecanismos de participación más importantes, si se los activara de forma responsable.

El problema del Consejo de Protección es la falta de fortalecimiento institucional. Si bien el Cootad señala que debe ser autónomo, aún depende mucho de las autoridades locales. El presidente del Pleno es el alcalde y pasa en todo el país, no solo en el Distrito Metropolitano”, dijo María Verónica Cevallos.

Además, Cevallos recordó que el Concejo Metropolitano de Quito decidió que ellos ya no hagan el concurso para elegir al secretario técnico, para que provenga de una terna emitida por el alcalde. Le parece que los ediles no conocen sobre el rol del CCD y decidieron sobre un tema que les competía a ellos.

Falta participación de los miembros en las reuniones 

Homar Haro representa a los adultos mayores. “Somos 25 miembros del CCD, pero solo 12 acudimos a convocatorias. Este es un trabajo voluntario. Quizá las personas se inscriben porque creen que será remunerado. Ahora buscamos impulsar una red para organizar ferias de emprendimientos de personas de nuestra edad. Y queremos que se creen más juntas de protección en el valle, el Chocó y el sur. Ahora solo hay en el centro y Calderón”, explicó.

La incidencia no es la esperada

Ramiro Tenorio, como parte del Colegio de Educadores Parvularios, dirige el CCD de niñas, niños y adolescentes. Al evaluar su función, luego de haber sido posesionados en abril del 2024, él reconoció que “el CCD no genera incidencia directa, lo que damos son sugerencias”. Asimismo, él comentó que, por ejemplo, en el chat de WhatsApp que tienen, con 25 delegados, pocos contestan.

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Vladimir Andocilla, de Apada, una asociación de padres de chicos con autismo, manifestó que han resuelto no participar en el próximo período. Cree que las principales organizaciones de la sociedad civil no están en los CCD.  

No se trata de que no tengamos dietas, sino de la efectividad del trabajo. No hemos podido publicar ni un comunicado respecto a una serie de vulneraciones de derechos a los niños. Cada quien tiene sus intereses”. Opinó que se debe al diseño de sus funciones, establecido en el Cootad, Código de la Niñez y Ley de Participación.

En el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se establece que los CCD son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanos o por organizaciones, que constituyen espacios y organismos de consulta. Su función es consultiva.

El Concejo Metropolitano de Quito debería articular más con los consejos consultivos

Sybel Martínez, de Rescate Escolar, exvicepresidenta del Consejo de Protección, indicó que en la práctica, los CCD no funcionan como deberían hacerlo. Cree que falta articulación entre el Concejo Metropolitano y estas instancias, a las que se debería consultar cuando los ediles y el alcalde trabajan en políticas públicas, para garantizar que se tome en cuenta a los grupos de atención prioritaria a los que representan y que pueden resultar afectados por dichas normativas.

Martínez recordó que en la Alcaldía de Jorge Yunda, su consejo consultivo se pronunció hasta por el alza de pasajes, por ejemplo.

La misión del Consejo y de los CCD, que es la observancia de políticas públicas, se diluye, sin una relación unívoca entre el Concejo Metropolitano y esta instancia.Sybel Martínez/ Directora Rescate Escolar

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