Casa adentro tampoco convence. Las críticas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no cesan, pese a que han pasado nueve años desde su creación. Ahora surgen nuevas voces que cuestionan su existencia.

La más reciente, la de su actual presidente, Julio César Trujillo. La semana pasada, él dijo que, personalmente, consideraba que este organismo -que ha liderado en los últimos siete meses- debería desaparecer “como muchas otras instituciones innecesarias”.

La idea podría no quedarse únicamente en un simple enunciado. El Consejo de Participación transitorio trabaja en una propuesta de reformas constitucionales que, entre otras cosas, propone la supresión de varias entidades que fueron creadas mientras gobernó la autodenominada revolución ciudadana.

Los cambios incluso podrían ser sometidos a elección popular en una consulta como informó EXPRESO, el sábado. Las autoridades se encuentran recibiendo propuestas, recopilando documentos y escuchando experiencias, comentó Trujillo.

El Consejo de Participación fue creado, básicamente, con dos objetivos: despolitizar la designación de las autoridades de control y establecer una vigilancia social en la lucha contra la corrupción.

Para la directora de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, ninguno de los dos se cumplió y asegura que era algo que se veía venir desde antes de su creación, en la Asamblea Constituyente de Montecristi, en 2008. “Nuestra posición, desde el inicio, fue que el Consejo no debía ser creado y que no debería existir. Ha sido un órgano que no cumplió con el espíritu por el que fue creado, que era quitarle de las manos a la política la designación de las autoridades de control, pero hicieron exactamente lo contrario”, dijo a este Diario.

El propio expresidente Rafael Correa tuvo una percepción ambigua respecto al organismo, al que siempre se le acusó de estar alineado a sus políticas. En 2015, por ejemplo, criticó una falta de compromiso para luchar contra la corrupción. Pero en 2017, cuando arreciaban las críticas a la actuación de los consejeros de Participación durante 10 años, el exmandatario, que reside en Bélgica, defendió la vigencia del organismo, pese a que reconocía que se le criticaba por “haber elegido mal” a Carlos Pólit, como contralor.

En la Asamblea también hay criterios que apuntan a la disolución del CPCCS.

Héctor Yépez, de CREO y presidente de la Comisión de Participación, considera que esta entidad ha ayudado a caotizar y someter la institucionalidad del país, cuando la oferta a los ciudadanos fue al revés. “Me parece que esta es la última oportunidad que le han dado los ciudadanos a las autoridades correspondientes para que el Consejo alcance institucionalidad y gane la independencia que le ha faltado desde el inicio. Si no es así, siempre queda la opción de eliminarlo, como ha sido mi propuesta desde el inicio”, dijo.