El pleno de la Corte Constitucional se reunió en sesión extraordinaria para la audiencia de seguimiento al cumplimiento de dictamen de la Corte Constitucional que blindó las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Transitorio.

El presidente del organismo Alí Lozada explicó a los asistentes que se conectaron telemáticamente que el objetivo de la diligencia era dilucidar si ha existido algún tipo de cumplimiento o incumplimiento del dictamen emitido en su momento.

La primera en ser escuchada fue la fiscal general Diana Salazar acompañada por su procurador judicial José Luis Arcos. 

La audiencia fue dividida en dos partes. Primero se escuchó los planteamientos del proceso seguido por el CPCCS sobre la revisión de la designación de la fiscal y la segunda parte se relacionó con la acción de protección presentada en contra del Consejo y la implementación de la veeduría ciudadana. (LEA ADEMÁS: "Las agendas políticas ahogan a la participación y control social")

Arcos inició la exposición diciendo que a pretexto de promover la participación ciudadana "no se puede pisotear la seguridad jurídica de este país entendida como aquel respeto irrestricto a la Constitución". Insistió que las resoluciones del Transitorio fueron refrendadas por la consulta popular y no se pueden revisar. 

Señaló que en mayo de 2023 el presidente del CPCCS convocó a la fiscal para exponer públicamente los documentos que la fiscal presentó en el concurso y acceder al cargo respondía a la denuncia del colectivo Acción Jurídica Popular. Citó también la resolución del pleno del organismo que daba paso a una denuncia del colectivo para que se convoque a la fiscal para revisar los documentos presentados en el concurso público. Finalmente otro acto mencionado fue una resolución que dio paso a la aprobación de un informe resultado de la revisión de los documentos que presentó la fiscal en el concurso. Solicitó que se destituya a todos los funcionarios que intervinieron en la transgresión del dictamen interpretativo. 

A su turno la fiscal habló de la importancia de la democracia y cuestionó que el presidente del Consejo Alembert Vera, lejos de abonar al fortalecimiento de la institucionalidad, junto con los consejeros Sócrates Verduga, Deisy Saltos y Johana Verdesoto que han votado y aprobado las resoluciones cuestionadas "han propiciado que el CPCCS sea utilizado para concretar los abusos alejándose de su misión constitucional y socavando intereses ajenos al bienestar común". Pidió la destitución de los consejeros que apoyaron las resoluciones. (TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: "Consejera denuncia a Alembert Vera por supuesto delito de fraude procesal")

Mientras tanto Alembert Vera reiteró que de parte del organismo que preside y de los consejeros no existe ninguna conducta por la cual se hayan ejecutado acciones u omisiones de las que se deduzcan que están encaminados a incumplir el dictamen. "No se ha violentado ni incumplido el dictamen interpretativo ni siquiera ha existido ninguna actuación tendiente a ello", señaló. Y agregó que no se ha realizado por parte del Consejo ningún acto para revisar la designación de la Corte y menos actividades para remoción cambio o reemplazo de sus miembros. Vera ratificó que no ha existido la intención de destituir a nadie "como falsamente lo han expresado algunos medios de comunicación y lamentablemente algunos de nuestros consejeros". 

Vera contó al pleno que ya tienen los consejeros tres investigaciones previas planteadas por la fiscal y que en el caso de no cumplir la sentencia del juez de Montecristi cree que se les abrirá una cuarta investigación previa por no haber cumplido decisiones de autoridad competente y en ese caso sí se podría generar la destitución de los consejeros. 

Gary Núñez, coordinador de Control Social informó que la conformación de la veeduría no se ha detenido porque no hay una resolución que revoque la resolución del juez de Montecristi. La apelación a ese fallo al que se adhirió el Consejo se resolverá recién este 29 de septiembre. Hasta tanto el proceso sigue. Cerca de las 13:00 el pleno de la Corte continuaba escuchando a los consejeros y las explicaciones. En ese organismo las posiciones no son todas en apoyo del presidente y de los consejeros que apoyaron la conformación de la veeduría ciudadana. 

La Corte informó que luego de la audiencia de este lunes, la Corte Constitucional examinará la información recabada, deliberará y, oportunamente, tomará las decisiones que corresponda en derecho. El tiempo que se tome será el que corresponda en derecho, efectivamente.

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