Pocos en el Parlamento creen que el excontralor Carlos Pólit pueda salir airoso del juicio político en su contra, que se iniciará hoy por la tarde.

Será el primero de Legislatura bajo la presidencia de José Serrano (PAIS), cuya bancada promovió la idea de la interpelación al día siguiente del allanamiento contra los inmuebles del entonces contralor, en paralelo a los operativos por el caso Odebrecht, del 2 de junio.

Y aunque tiene lugar después de la renuncia de Pólit a la Contraloría, presentada a control remoto desde EE. UU., donde permanece desde el día siguiente de la posesión de Lenín Moreno, el 25 de mayo, y no se hará presente en el Pleno, alegando falta de garantías por existir una orden de detención con fines investigativos en su contra, la censura es casi un hecho. Los recursos previos planteados por el interpelado (declarar por videoconferencia o delegar a su abogado para su defensa) han sido descartados.

Planteado por PAIS, pero sin reclamos por parte de la oposición, el juicio político contra Pólit tiene altas probabilidades de lograr los 69 votos necesarios en su contra. La bancada de PAIS, que vota de forma militarmente uniforme, cuenta con 74. Y no se descarta que se le sumen votos de los 63 opositores.

¿La acusación? Muchos recortes de prensa y una imputación fiscal de dimensiones y detalles desconocidos por supuesta concusión.

La firma principal del pedido de juicio responde al novato legislador oficialista Daniel Mendoza, quien se ha abierto un espacio como fiscalizador desde la mesa que dirige María José Carrión y que aprobó, por unanimidad, que el Pleno resuelva el juicio político.

Tras doce años en el poder, el equilibrista de la Contraloría que sobrevivió a la partidocracia y el correísmo, tuvo destino políticamente fatal en el primer mes del morenismo.

Desde el extranjero alega un complot en su contra, acusa al fiscal general Carlos Baca Mancheno de actuar bajo “retaliación” por un informe de responsabilidad penal que emitió en su contra y presenta decenas de cajas con documentos para respaldar su gestión. Pero, tras exactamente un mes desde el inicio del escándalo, aún guarda silencio. Él, juez de cuentas de los fondos públicos, qué tanto tiene por decir.