Diario Expreso retiró la imagen de apertura de este artículo que mostraba erróneamente las instalaciones de Teleamazonas. Ofrecemos disculpas a ese medio de comunicación y a quienes resultaron afectados por su publicación.

Fue otro de los procesos plagados de denuncias de corrupción. Ahora, la Contraloría confirmó 10 irregularidades en el publicitado concurso para la adjudicación de frecuencias de radio y TV iniciado por el Gobierno anterior. ¿La principal conclusión? El concurso deja abierta la posibilidad de que se produzca una concentración de frecuencias en pocas manos.

Desde afuera, veedores ciudadanos y expertos creen que el panorama es tan grave que el concurso debería ser anulado. Hablan de posibles delitos de tráfico de influencias, colusión, evasión de impuestos, testaferrismo, abuso de autoridad.

El proceso (que según el discurso oficial iba a democratizar el acceso a las frecuencias) terminó por beneficiar a tres grupos. 35 empresas relacionadas postularon para acceder a 163 frecuencias sin que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) haya detectado los vínculos que existían entre los accionistas o los trabajadores.

La Contraloría optó por reservarse los nombres de los principales representantes de esos tres grupos: los identificó como A, B y C. César Ricaurte, director de la organización Fundamedios, advierte que están en juego cientos de frecuencias. La mayoría de ellas aún no está asignada. El problema es que nadie en el Gobierno detectó de las irregularidades.

Los tres grupos tuvieron el mismo modus operandi. Relaciones entre accionistas y socios. Relaciones familiares y de dependencia. Compartían contadores, la firma autorizada en las instituciones financieras y, en algunos casos, también compartían dirección domiciliaria.

En uno de los casos que involucra a las empresas vinculadas a Radio Canela de Quito, algunos accionistas de una compañía son trabajadores de otra empresa del grupo y perciben ingresos entre 383 y 750 dólares. En el grupo B, en cambio, dos hermanos ocupan cargos de gerencia y figuran como accionistas en cuatro empresas. Los accionistas y gerentes del grupo C, por su lado, antes tuvieron relación de dependencia con las empresas del grupo y declararon cero dólares de Impuesto a la Renta.

La Contraloría dice que problemas como estos debieron dejar fuera del concurso a esos postulantes porque se violó la ley, así como las bases del concurso. Arcotel y los implicados aseguran que todo fue legal.

El otro rastro de corrupción en el proceso trae de vuelta a la escena al tío de Jorge Glas, Ricardo Rivera, dueño del canal Televisión Satelital. Él está en prisión con una sentencia de seis años por asociación ilícita por su participación en la trama de sobornos de Odebrecht. Ahora, la Contraloría dice que la concesión de la frecuencia para su canal fue irregular.

En el relato del proceso, los auditores aseguran que Arcotel descalificó a Televisión Satelital por incumplir con los parámetros técnicos para la instalación de dos repetidoras. Sin embargo, luego esa misma institución dio marcha atrás y dio paso a la entrega de la frecuencia. Oficialmente, los representantes de Arcotel dijeron que el peticionario “subsanó y convalidó” los errores y por eso fue calificado.

La Contraloría dice que “criterios jurídicos de Arcotel beneficiaron a Televisión Satelital”.

Voces

César Ricaurte, director de Fundamedios

Hay toda una trama: Arcotel, el antiguo Cordicom. Lo que hay que ver es quiénes eran los cerebros de esta concentración de medios que operó durante el correísmo.

J. Carlos Solines, experto en telecomunica-ciones

Se denota una serie de irregularidades que, seguramente, acarrearán la nulidad total del proceso. Falta determinar qué tipo de infracciones pudieron haberse cometido.