No ha demorado mucho el Gobierno en referirse oficial y públicamente al grave problema de acusación de soborno por más de 33 millones de dólares que el presidente de Odebrecht declaró, ante el Departamento de Justicia de EE. UU., haber entregado como soborno a un incógnito funcionario para posibilitar su retorno a Ecuador en calidad de empresa calificada para contratar, luego de que fuera expulsada por el presidente de la República como consecuencia de su fracaso en la construcción de la central de San Francisco. Para justificar la medida, el presidente presentó una especie de memorial de agravios en el que acusaba a la expresada de una serie de hechos que la hacían inviable para ejercer su actividad en el país e incluso se negó, en principio, a reconocer la deuda que había contraído para obras de la empresa, con Banco Oficial de Brasil. Todos supusimos que Odebrecht no pondría sus pies en Ecuador porque el asunto llegó hasta terrenos diplomáticos y era inminente una ruptura de relaciones. De pronto, el dueño de Odebrecht comprendió que había que profundizar lo hecho con Petrobras y creó una especie de departamento de sobornos, encargando a un personaje insospechado del pago de ese dinero. Fue nombrado Lula da Silva para ese cargo, quien visitó Ecuador, y poco después se iniciaron conversaciones para revisar las sanciones contra la empresa. Con condiciones que no han sido suficientemente divulgadas y el pago de una compensación de veinte millones de dólares como reparación por el lucro cesante de San Francisco, regresó la empresa a Ecuador y se le dieron contratos por miles de millones de dólares, incluso para obras de más de trescientos millones, como una carretera de primer orden que no iba a ninguna parte, pues la refinería, que era su destino, no existe y otras obras complementarias. Un comunicado del Gobierno sostiene que todas las obras contratadas con la expulsada y readmitida empresa se han hecho mediante concurso abierto, no por licitación como debía ser, y que han contado con los informes favorables de los respectivos departamentos de control. Pero sería bueno que se permita una investigación a quienes sostienen que hay gato encerrado y no como ha ocurrido con la comisión anticorrupción en el caso de la central hidroeléctrica de Manduriacu, a quienes se ha perseguido luego de que dieron información que hacía presumir cierto desvío deshonesto, especialmente en cuanto al sobreprecio. Y para sellar con broche de oro, el comunicado no ha dejado de referirse, aunque un poco subrepticiamente, a la política de Washington, es decir al imperialismo.

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