Comunicacion: una ley que casi nadie quiere
La Ley de Comunicación está de aniversario. La normativa llega hoy a los tres años de vigencia y, pese a su corta edad, varios sectores ya planifican su modificación o eliminación, en 2017.
Pensada desde el oficialismo como una herramienta para democratizar el acceso a la información, impulsar la industria artística y evitar las influencias económicas y políticas en los medios, la norma suma más críticas que apoyos.
La principal, según una parte de la oposición política, es la autocensura que la normativa habría provocado entre comunicadores, periodistas y medios de comunicación social.
¿Qué piensan hacer al respecto? “Botar al tacho de la basura y romper el grillete de la ley desde mayo próximo”, es la propuesta del precandidato a la presidencia por CREO, Guillermo Lasso. Lo ofreció en su última visita a la capital. En los planes del político está eliminar todas las instituciones creadas en torno a la ley.
Postura similar es la de Lenin Hurtado, precandidato de Unidad Popular (UP), que apuesta por crear un instrumento que concuerde con la Constitución y la democracia.
Menos radical es Abdalá Bucaram Pulley, la carta de Fuerza Ecuador para la presidencia. Él cree que la eliminación no es el camino. “Necesita una reforma integral en los artículos que atentan contra la libertad de expresión. Lo que debe eliminarse es la Superintendencia de Comunicación, por la forma en la que está concebida”, manifestó.
Otros puntos de la ley también son cuestionados porque no han sido ejecutados o no han mostrado los resultados esperados. La exasambleísta María Paula Romo, por ejemplo, tenía expectativas en la entrega de frecuencias a los medios comunitarios. “La oferta era que tengan un 34 % del espectro. En 36 meses no llegan al 4 %”, aseveró a EXPRESO.
El reclamo es compartido por el precandidato de Pachakutik, Carlos Pérez Guartambel, que siente una exclusión de las comunidades en la legislación y cumplimiento de la norma.
Romo tampoco siente que haya un ‘boom’ de la industria artística nacional. Aunque reconoce que un sector, el publicitario, pudo tener algún tipo de beneficio, mermado este año por la crisis económica.
Pero aún hay quienes la defienden. Una de ellas es la asambleísta oficialista Betty Carrillo, que fue una de las que más impulsaron la aprobación de la norma, pese a las críticas. “Tenemos ahora mejor información en los medios de comunicación. La ley es una herramienta que ha permitido que sean escuchados quienes antes no tenían espacio”, opinó. Ella cree que cualquier reforma debe ser tramitada a través de instancias como la Superintendencia.
