El complicado desmontaje de los albergues del terremoto
Las Fuerzas Armadas piden renovar el estado de excepción que acaba el lunes. Falta mucho por evacuar. Se requieren grúas para mover los contenedores.
Catorce meses después del terremoto, cuando solo quedan ocho personas en uno de los treinta albergues oficiales abiertos para los damnificados, el proceso de cierre y desmontaje de los últimos siete, los más grandes, enfrenta tardanzas y complicaciones debido al cambio de Gobierno y la terminación de la vigencia de la quinta declaratoria del estado de excepción.
El plazo del cierre total de los últimos siete albergues, previsto hasta el lunes 12 de junio cuando finaliza la excepción, no podrá cumplirse porque aún falta evacuar, por ejemplo, equipos grandes y contenedores que sirvieron de viviendas u oficinas y que solo pueden ser retirados con grúas de cama baja.
Por ello, el pedido militar al Gobierno de Lenín Moreno de que se renueve por treinta días más el estado de excepción, con la intención de que se pueda culminar el trabajo en julio.
Un total de 360 miembros de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del capitán Freddy Endara, continúan en la vigilancia de estos espacios que han comenzado a vaciarse de cientos de carpas, enseres, en un proceso de devolución a los distintos ministerios que, en algunos casos, no tienen los espacios necesarios para tenerlos, por lo que han sido trasladados temporalmente hacia las bodegas de los repartos militares.
Dentro de todo el proceso, con actas de entrega-recepción de por medio, hay equipos y estructuras donadas que aún se desconoce a quién deben devolvérselas debido a que el actual Gobierno, posesionado el 24 de mayo pasado, eliminó a los seis ministerios coordinadores, entre ellos, al de Seguridad que tenía la coordinación general de todo lo relacionado con el terremoto del 16 de abril de 2016.
Los administradores de los albergues y los militares, que los custodian, están a la espera de las disposiciones que, por un lado, permitan el retiro de todo lo que falta y, por otro, las bodegas de destino de esos bienes muebles.
Todo este proceso, que podría tardar más de un mes porque requieren contrataciones de grúas y camiones, se ejecuta en momentos en que el Ministerio de Defensa prepara la justificación del uso de 6,5 millones de dólares que le fueron transferidos por Finanzas para las operaciones militares durante el terremoto.
Un informe de la Contraloría asegura que esos recursos, por ser de un crédito externo, no debieron destinarse para la adquisición de bienes y el mantenimiento de vehículos militares.
A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto aclararon ayer que, durante la emergencia por el terremoto, se movilizaron más de 14.000 efectivos con el único objetivo de salvar la mayor cantidad de vidas.
Las actividades, se indica, fueron para atender exclusivamente la emergencia, en el marco del estado de excepción.
El detalle
Declaratorias
Desde el 17 de abril de 2016 hasta ahora, el Gobierno declaró cinco estados de excepción y, en cuatro de ellos se hicieron renovaciones con la finalidad de permitir el accionar militar y de los distintos ministerios en la atención de los daños, heridos, afectados y damnificados por el terremoto.
Asistencia
Unos 14.000 militares fueron movilizados por el terremoto para, entre otras cosas, limpiar derrumbes, transportar material pétreo, evacuar heridos por vía aérea y terrestre, transportar y distribuir 25.000 raciones diarias de alimentos, movilizar brigadas médicas y construir albergues.
Portoviejo
Los hombres solos en un albergue
Ocho damnificados del terremoto son los únicos que quedan en el albergue del antiguo aeropuerto Reales Tamarindo, de Portoviejo, que será el último en el plan de cierre que está en marcha.
Entre quienes se quedaron están una familia de seis miembros, con hijos mayores de edad y uno con discapacidad severa, y dos hombres que se separaron de sus parejas durante su permanencia en el albergue.
Los dos hombres, cuyas exmujeres e hijos ya recibieron las casas del Miduvi, ahora exigen que esa entidad también les entregue una a cada uno porque creen que tienen el mismo derecho que ellas.
En el caso de la familia de seis miembros, su argumento es que no se trata de un hogar sino de tres y que, por tanto, requieren de tres casas para vivir.
Los casos de las “tres familias”, que se resisten a irse, están en análisis de las autoridades.
