Actualidad

Competitividad 2

A más de una estrategia comercial, como política de Estado y no de gobierno, nos urge reconstruir la institucionalidad del Ecuador.

Mientras no podamos tener un Estado fuerte, que sepa que su rol es en exclusiva dictar normas y políticas claras, ejercer control, dotar de salud, educación y seguridad a sus ciudadanos, y que el resto lo debe hacer la sociedad civil y la empresa privada en un marco de seguridad jurídica, la conflictividad social y política nos seguirá acompañando en nuestro andar, en sentido contrario al país productivo, inclusivo e isla de paz.

Cuando el presidente Moreno declaró que la mesa no estuvo servida apareció una red de corrupción de alto nivel incrustada en las instituciones públicas. Las evidencias sobre la captura del Estado por intereses de particulares han ido en aumento, mostrando el grado en el que se usaba el poder y los recursos públicos para proteger intereses espurios, muy alejados del bien común que merecemos.

Pero lo que leemos en las noticias de hoy es que el fiscal renuncia a sus funciones luego de un viaje a China donde supuestamente fue para lograr la cooperación en su lucha contra la corrupción, o que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana nos propone la eliminación de su propia institución, o que aún tenemos contralor encargado, o que nuestro ministro de Defensa impone disciplina para prevenir delitos internos. ¿De qué institucionalidad estamos hablando?

No hay competitividad sin institucionalidad. El estancamiento en el crecimiento de la competitividad en el Ecuador se evidencia en la caída de la posición 71 a la 97 al 2017, siendo los factores de naturaleza institucional los que más afectan a esta posición.

Hay que encaminarnos a la materialización de las reformas, orientadas hacia la (re)construcción del Estado y las instituciones políticas, para garantizar la vigencia de un orden político que responda a los intereses de los ciudadanos y sea más responsable ante ellos.

Necesitamos instituciones que permitan el ejercicio del control público de los mandantes, no solo al momento de votar.