En estos días, en las calles de Guayaquil debería haber una señal de tránsito que alerte: “Peligro, taxistas en tensión”. Ayer, cuatro personas fueron detenidas durante un enfrentamiento entre un grupo de choferes regulados y conductores de taxirrutas, en el casco comercial de la ciudad.

Las aprehensiones fueron por la agresión que sufrieron elementos de la Policía Nacional cuando intentaron evitar los desmanes en el sitio.

El motivo del conflicto es el mismo que ha tomado fuerza en los últimos meses: la disputa por pasajeros. Ese fue también uno de los motivos de una movilización de taxistas amarillos, el mes pasado, aunque en esa ocasión estuvo más orientada hacia la presencia de plataformas que ofrecen el servicio.

Ayer, los taxistas formales se negaron a desocupar una de las veredas de la plaza Centenario (Vélez y Lorenzo de Garaicoa), que sirve de base para automóviles que ofrecen el servicio hacia y desde la urbanización La Joya (La Aurora) y Guasmo.

En el casco comercial operan 26 bases de taxirrutas, lo que según los conductores convencionales, les resta pasajeros.

Esa versión fue desmentida una vez más por el presidente de la Federación Provincial de Taxi Rutas y Furgo Rutas, Byron Benítez: “Ofrecemos un servicio diferente y fuera del área de los taxistas”.

El dirigente indicó que tienen más de una década buscando la legalización, “pero lamentablemente las autoridades no nos escuchan”.

Pero no es nueva la confrontación entre los taxistas regulados con los otros. Los primeros han expresado su malestar por el incremento de lo que denominan ‘competencia desleal’.

El gremio amarillo sostiene que se triplicó la presencia informal. A su criterio, es injusto que solo ellos deban cumplir con algunas exigencias para poder circular, como contar con licencia profesional y la homologación del automotor.

Cuestionan la presencia de plataformas digitales, como es el caso de Cabify, que cumplió un año de operar en el país, y de Uber, activa desde ayer.

El presidente de la Unión de Taxistas del Guayas, George Mera, ratificó la convocatoria a una asamblea extraordinaria, donde se definirá una movilización similar a la que encabezaron el pasado 6 de junio.

El gerente general de Cabify en Guayaquil, Santiago Borja, dijo que no se consideran competencia desleal, sino un complemento para la mejora de la movilidad en la ciudad, pues sus usuarios cancelan el servicio con tarjeta de crédito.

Se mostró optimista por la expansión en Guayaquil y aseguró que el promedio de crecimiento semanal es de 20 %.

Para quienes buscan la legalización, la solución está en una consulta popular y un estudio de factibilidad. Así, el pasajero podrá elegir el tipo de servicio, al tiempo que se determinará la cantidad indispensable de unidades para la circulación.

Sin embargo, el ambiente es de confrontación. La semana pasada, un grupo de taxistas amarillos destruyó y retiró un anuncio en la vía pública de la plataforma digital Uber, que anunciaba su ingreso y llamaba a dueños de vehículos interesados en inscribirse.

Otra polémica

Uber empezó a laborar “sin inconvenientes”

La plataforma digital Uber opera desde las 16:00 de ayer, como había anticipado. Un equipo de este Diario la usó para dirigirse desde la planta en el kilómetro 2,5 de la avenida Carlos Julio Arosemena hasta la Casa de la Cultura, en 9 de Octubre y Pedro Moncayo. El costo fue $ 2,55, menos de lo que cobraría un taxi regulado. Un representante de Uber dijo que laboraban “sin inconvenientes”, aunque sin precisar cifras iniciales de usuarios.

Eso ocurrió a pesar de que la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) reiteró su advertencia de que solo permitirá taxis amarillos. “Cualquier otra forma irregular e ilegal de transportación de pasajeros tendrá enérgica aplicación de la ley por parte de la ATM”.

Pidió la intervención del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Superintendencia de Compañías, porque “algunas plataformas ejercen una actividad económica y comercial ilegal”.

También a la Superintendencia de Bancos “por cuanto las instituciones financieras que administran tarjetas de crédito no pueden dar sus servicios a transnacionales que realizan actividades ilegales”.