La Comision quiere a Ochoa ante la Fiscalia
Siempre tarde. La sesión debió instalarse a las 15:00. La presidenta María José Carrión y su mano derecha, Silvia Salgado, llegaron 45 minutos tarde.
Ocurrirá este jueves: Carlos Ochoa concurrirá al Pleno de una Asamblea que, de pronto, se le volvió hostil, para ser políticamente juzgado por incumplimiento de funciones. La Comisión de Fiscalización fue unánime el lunes 5 de marzo de 2018: las incumplió. Más aún: debe (y así recomienda) ser investigado civil, administrativa y penalmente.
“Los elementos de convicción son contundentes”, anunció la presidenta María José Carrión al instalar la sesión. “El funcionario no ha logrado desvirtuarlos”, concluyó al cierre. La suerte de Ochoa está echada. La oposición ha conseguido el primer juicio político en tiempos de revolución ciudadana y (por lo visto ayer en Fiscalización) tiene altas probabilidades de triunfo. Parece que el partido de gobierno decidió sacrificar a uno de los suyos.
“¡Turiferaria!”, tuiteó de inmediato Rafael Correa, adjudicando a Carrión el adjetivo más rebuscado y arcaico que pudo hallar en el diccionario. “Inicuo” se queda corto.
Fue soporífera la sesión del lunes. Consistió, básicamente, en la lectura del informe final de la Comisión sobre el caso: 131 páginas que la secretaria leyó penosa y desarticuladamente y que incluyeron la transcripción completa de todo lo dicho y expuesto en el proceso: las alegaciones de los proponentes (Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar, de CREO), los testimonios recogidos, la defensa de Ochoa palabra por palabra... Luego un interminable análisis jurídico con la valoración de cada prueba de cargo y de descargo y, finalmente, cinco páginas de conclusiones y recomendaciones.
En total: 4 horas y 45 minutos de lectura que pudieron ser siete si el asambleísta Jimmy Candell no hubiera intercedido para saltarse cuarenta páginas y pasar a la sustancia.
Las conclusiones
Para empezar, la Comisión halló culpable a Ochoa de “desviación de poder” para satisfacer intereses particulares: utilizó su cargo para defender su honor, su reputación y su derecho a la réplica haciéndolos pasar por el honor, la reputación y el derecho a la réplica de la Supercom, que no los tiene pues no es una persona jurídica.
En segundo lugar, según el informe, Carlos Ochoa vulneró el derecho a la seguridad jurídica y fue negligente con recursos públicos. Es el caso de las ediciones de bolsillo de la Ley de Comunicación que mandó a imprimir y contenían un error que él aplicó dolosamente (es decir, con conocimiento y voluntad, pues había reconocido la existencia del error) para sancionar a varios medios.
Esta acción podría acarrearle sanciones penales, sin contar con las responsabilidades que la Contraloría determine en relación con los 80 mil dólares que costó el error, que no ha sido investigado ni sancionado.
También Carlos Ochoa es culpable de discrecionalidad en la aplicación de la ley: omitió el trámite de oficio en un caso de linchamiento mediático (el que afectaba a Martha Roldós, opositora del gobierno) pero lo aplicó en otros casos que afectaban a funcionarios del régimen.
Recomendaciones
Enviar la documentación respectiva a la Contraloría y a la Fiscalía para el establecimiento de responsabilidades civiles, penales y administrativas. Con el voto unánime de todos los sectores representados en la Comisión se aprobó el paquete completo.
La aparición a último minuto de un compungido José Serrano para recibir la documentación y comprometerse a iniciar el juicio selló la suerte de Carlos Ochoa.
Ley de Comunicación
Ochoa se va, la LOC sigue
Mano oficialista en el informe final de la Comisión: la condena política a Carlos Ochoa, dice la conclusión final, no deslegitima la Ley de Comunicación, que ha “garantizado el ejercicio pleno de los derechos”. Aunque Lenín Moreno ha ofrecido vagamente reformar esta ley, los únicos proyectos de reforma, hasta el momento, provienen de las bancadas de oposición.
