Comisión de Garantías impulsa juicio político contra ministros de Salud y Economía
Legisladores lamentan que ministros no hayan asistido en reiteradas ocasiones a las sesiones de la Comisión
Una grave crisis que afecta a los hospitales públicos y centros de salud del país ha provocado una reacción contundente desde la Asamblea Nacional. La Comisión de Garantías Constitucionales, en su sesión número 25, resolvió impulsar el juicio político contra los ministros de Salud Pública y de Economía y Finanzas.La decisión se tomó tras la reiterada inasistencia del ministro de Salud, Jimmy Daniel Martin Delgado, la ministra de Finanzas, Sariha Belén Moya Angulo, y el director del IESS, Francisco Javier Abad Guerra. "Ustedes pueden ver que, en realidad, existe un desinterés por parte de las autoridades", declaró el presidente de la Comisión, Jaime Estrada.
Los legisladores convocaron a las autoridades para que rindieran cuentas al país y explicaran la situación crítica en los hospitales. Las preguntas sin respuesta giran en torno a la falta de medicinas, la suspensión de pagos a clínicas de diálisis, y la falta de inversión en las infraestructuras que se están "cayendo a pedazos". La situación de los prestadores de servicios como limpieza y seguridad, que llevan meses sin cobrar, también fue un punto central. "Su ausencia es el resultado de un gobierno que en realidad no le interesa responderle a los ecuatorianos", Estrada
La indignación de los asambleístas
La vicepresidenta de la comisión, Verónica Íñiguez Gallardo, compartió su frustración tras recorrer hospitales en su provincia. "Da mucha tristeza ver que quienes están a cargo de esta cartera de Estado no se inmutan y simplemente muestran su indiferencia", sostuvo Íñiguez. El asambleísta Lenin Barreto presentó una moción para iniciar el juicio político contra los ministros de Salud y de Finanzas, citando el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece la no comparecencia como causal. La moción fue aprobada por unanimidad.
El asambleísta Barreto indicó que los funcionarios "han sido convocados a esta comisión para que rindan cuentas al país y expliquen por qué no se les paga a las dializadoras, por qué no se les paga a los servicios externos". Además, añadió que la falta de pago afecta a los "prestadores de servicio como limpieza y seguridad". La votación unánime muestra el descontento de la comisión, que espera que el CAL actúe con "sensibilidad y empatía con el pueblo ecuatoriano".
Mujeres rurales, protagonistas de un nuevo proyecto de ley
Posteriormente, la comisión se centró en el proyecto de ley que promueve el reconocimiento y empoderamiento de la mujer rural. Líderes de organizaciones de mujeres de zonas rurales, como Luz Aro Wanda, Lucía Rodríguez Aguinda, la viceprefecta de Carchi, Verónica Garcés Ibarra, y la vicealcaldesa de Pastaza, Jenny Moncayo Perea, presentaron sus vivencias y aportes. Aro Wanda destacó que la aprobación de la ley sería un acto de “justicia humana, social y política” y un referente para la región. Las líderes invitaron a los asambleístas a presionar para que la ley no sea negada o vetada por el Gobierno.
Luz Aro Wanda, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, expuso la historia de lucha de las mujeres rurales y la importancia de esta ley como un precedente a nivel mundial. Por su parte, Lucía María Rodríguez Aguinda, presidenta de la Asociación de Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, enfatizó que si "no sembramos en el campo, ¿qué comen las ciudades?". Las comparecientes también destacaron la importancia de incluir la propiedad de la tierra y créditos blandos para las mujeres productoras.
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