La intención del Gobierno de Colombia de retomar, después de cinco años, la actividad de aspersión aérea de los plantaciones ilícitas de coca utilizando un controvertido herbicida (glifosato), reactiva inquietudes en Ecuador.

Aunque para la administración de Iván Duque retomar hoy este programa es prioritario en la lucha contra el narcotráfico, no está lejos el recuerdo de la demanda internacional que hace 10 años interpuso Ecuador por los daños causados por ese químico en la población asentada en la frontera norte.

Un decreto del Ministerio de Justicia del vecino país, que se expediría en estos días, consigna el marco legal sobre el que operaría la fumigación para erradicar los cultivos, que son la materia prima para la elaboración de cocaína.

Medios colombianos dan cuenta del contenido del borrador de ese documento, en el cual se ratifica que la decisión del retorno del uso del glifosato es del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), del cual forman parte varios ministerios y organismos como la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía.

Según el decreto, el Consejo será el encargado de determinar en qué zonas se podrá y no realizar la fumigación. La policía nacional colombiana se encargaría de la aspersión de los cultivos ilícitos, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos. El Ministerio Público sería el responsable de alertar sobre los impactos que pueda dejar el glifosato, para informar directamente al Consejo.

En 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia suspendió la fumigación con glifosato acogiendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que considera a ese herbicida como potencialmente cancerígeno y nocivo para el medio ambiente.

En 2008, Ecuador demandó al Estado colombiano ante la Corte de La Haya exigiendo una reparación por los daños causados a la población fronteriza asentada en Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Cinco años más tarde, ambos países llegaron a un acuerdo extrajudicial. Ecuador desistió de la demanda y Colombia se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que sus labores de erradicación de cultivos ilícitos pueda generar un efecto nocivo en territorio de su vecino.

Entre otros puntos, se comprometió a mantener una zona de exclusión de 10 kilómetros en la frontera de Putumayo y Nariño (limítrofes con las tres provincias ecuatorianas), y a informar a las autoridades de Ecuador con 10 días de antelación al inicio de operaciones de aspersión, cuando se programe la erradicación de cultivos ilícitos por vía aérea en la frontera, con los lugares precisos y las fechas para esa actividad.

Ante una consulta de EXPRESO, la cancillería ecuatoriana señala que ha manifestado su preocupación ante los anuncios de las autoridades de Colombia y ha solicitado información oficial sobre este tema. “Hasta la fecha actual no se ha recibido una respuesta de ese Gobierno”, agrega.

Puntualiza el organismo que “las autoridades ecuatorianas han reiterado en diferentes foros binacionales la existencia de compromisos internacionales recogidos en los instrumentos suscritos por ambos Estados en la materia que deben ser respetados”.

René Yandún, asambleísta por Carchi, comenta a este Diario que Colombia no solo está obligada a informar sobre esta decisión. “También tiene que pedir una autorización mediante un acuerdo entre las partes, a fin de llegar a conclusiones claras y concretas para que el gobierno colombiano se responsabilice por el daño material y humano que pueda causar en territorio ecuatoriano”.

Luis Ángel Saavedra, coordinador de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), recuerda que, por las fumigaciones, las comunidades de la frontera norte mantienen desde el año 2000 una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de Ecuador.

Inredh asesora y acompaña a los demandantes en esa demanda que busca una reparación para las víctimas de las aspersiones. “La comunidades esperan que Ecuador pueda exigir al Gobierno colombiano que suspenda las fumigaciones”, plantea el coordinador del organismo.

EL DETALLE

Fallo. En 2017, la Corte Constitucional de Colombia prohibió en ese país la aspersión con glifosato.