La colision de la justicia local con tribunales internacionales
Hay casos que se ganan con la justicia doméstica, pero que sufren reveses ante los organismos internacionales. El Estado ecuatoriano ha recibido condenas, al menos, en dos foros por una supuesta denegación de justicia.
La última, la que emitió el 3 de junio el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en referencia al reclamo de Roberto y William Isaías Dassum, expropietarios de Filanbanco, por la incautación de sus bienes.
En esa resolución, el Comité consideró que con el Mandato Constitucional N° 13 se violaron los derechos de los exbanqueros, al impedirles interponer acciones de amparo constitucional ante la acción estatal.
¿Está equivocado el organismo de la ONU en su pronunciamiento? El abogado Salim Zaidán, constitucionalista y catedrático universitario, considera que no y que fue algo que se advirtió en 2009.
“Se hizo usual incorporar en ciertos mandatos un artículo que decía: ‘no se puede presentar impugnación alguna’. Eso coarta derechos ciudadanos, por más que lo apruebe una Asamblea Constituyente”, dijo a EXPRESO.
Juan Pablo Albán, abogado especializado en derechos humanos y docente de la USFQ, recuerda otros casos en los que el país ha obtenido fallos desfavorables en los últimos tiempos.
En la lista está la destitución de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, en 2004: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que se violó el debido proceso.
También está la reparación que tuvo que hacer el Estado a una joven cuencana contagiada con VIH en 1998 durante una transfusión de sangre. A criterio de los tribunales internacionales, el caso no tuvo agilidad de parte de la justicia.
“La mayoría de condenas que ha sufrido Ecuador están relacionadas con la denegación de justicia y la falta de garantía del debido proceso”, comentó Albán a este Diario.
El Consejo de la Judicatura emprendió, desde 2012, un proceso para reestructurar la justicia en el país.
¿Se ha logrado un cambio? Albán reconoce que hay más jueces y más edificios, pero cree que en lo de fondo hay mucho por mejorar. Zaidán estima que de no hacer caso a estos últimos llamados de atención, el país puede afrontar más reclamos en materia de derechos humanos.
La resolución del Comité de la ONU incluso abre una ventana para que otras personas que se sientan perjudicadas acudan a ese organismo, dijo ayer Jorge Zavala, abogado de los Isaías. Ellos sostienen que el Estado tiene que restituirles bienes que estarían valorados en mil millones de dólares (ver gráfico).
