Después de lo ocurrido en la sesión del Pleno de la Asamblea de este jueves, es oficial: todo lo que se dice, todo lo que se hace, todo lo que se mociona, todo lo que se decide en relación con el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (al menos por parte de los partidos que tienen la capacidad de virar la balanza, es decir, los tres del pacto: correístas, socialcristianos y oficialistas), todo es un simulacro. Vale decir: una mentira. Los argumentos sirven para ocultar las intenciones y las intenciones son inconfesables; los procedimientos (un sistema de votación, por ejemplo) parecen pensados no para facilitar la consecución de resultados sino para impedirla, al menos para postergarla; y las mociones han sido científicamente diseñadas para que nadie vote por ellas y todo se prolongue al infinito. No es extraño que esta nueva sesión condujera a un punto muerto y fuera suspendida (otra vez) sin un acuerdo. Lo de fondo: las incongruencias de una alianza de gobernabilidad que cada vez se vuelve más inmanejable para las partes.

Que los correístas abandonaran en masa la sesión y, una vez fuera, reunieran a los medios para decirles que estas reformas al Código Penal que sus adversarios políticos bloquean son la alternativa a la consulta popular del Gobierno, es en realidad la anécdota más insignificante de la jornada. Otra sería la historia si hubieran conceptualizado las reformas de esa manera desde el principio y las hubieran presentado así, como una alternativa a la consulta, desde el primer día. No lo son. La verdad es que esa idea se les acababa de ocurrir en ese instante para salir del paso. Más significativo es el hecho de que sus cómplices en el exitoso operativo de dejar sin cuórum la sesión fueran, curiosamente, los oficialistas. Ni siquiera abandonaron el hemiciclo: el presidente Henry Kronfle pidió constatar el cuórum y ellos, simplemente, no se registraron. Tanto más extraño cuando que, en ese preciso instante, se disponía el Pleno a conocer la moción que ellos mismos, los oficialistas, habían presentado para la aprobación de las reformas.

Lo de las mociones es parte fundamental del simulacro. El primer día quedó claro que había ciertos artículos que difícilmente iban a recibir el apoyo de quienes no los propusieron: el que desvirtúa el concepto del recurso de revisión para permitir a Rafael Correa acceder a él; o el que permite a los políticos (operadores del narco incluidos) meter las narices en los expedientes reservados de la Fiscalía. Para superar este escollo, se acordó dividir la votación de la ley en bloques para que cada quien apruebe unos y desapruebe otros en función de sus preferencias. Inmediatamente, este procedimiento se convirtió en una fórmula de bloqueo, pues los proponentes empezaron a dividir la ley en bloques que ocultaban una trampa, de manera que siempre resultaran inadmisibles para alguien. El correísta Fernando Cedeño, por ejemplo, mocionó dos grupos de artículos: en uno de ellos puso el relacionado al recurso de revisión; en el otro, la disposición general que concuerda con ese tema y tiene, básicamente, el mismo efecto. Así, votase como votase un asambleísta, siempre estaría votando a favor de la impunidad de Rafael Correa.

Más burda, si cabe, fue la propuesta que llevó la oficialista María Fernanda Araujo. Ella dividió la ley en cuatro grupos organizados de tal manera que resultaba imposible, casi para cualquier bancada, votar por la mayoría de ellos. En el primer bloque reunió todos aquellos artículos relacionados con el incremento de penas a delitos relacionados con el narcotráfico, la extorsión y el sicariato, un tema que goza del apoyo de todos, pero incluyó también una disposición transitoria que concede el archivo de las investigaciones fiscales cuyos investigados, a la fecha de publicación de las reformas, así lo hubieran solicitado. Solo faltaba poner el nombre: J. J. Franco. En otro grupo, Araujo incluyó las reformas al recurso de revisión, para garantizar la impunidad de Rafael Correa, pero también los artículos sobre justicia indígena a los que Pachakutik, que se opone a los primeros, no renunciaría de ninguna manera; o el aumento de pena para el sicariato, incluso la prohibición de beneficios penitenciarios como el régimen abierto para los sicarios. Más que una moción, lo de Araujo era un boicot.

Por si todo esto no fuera suficiente, está el insólito procedimiento de votación adoptado por Henry Kronfle sin que ningún asambleísta dijera ni pío. En lugar de someter a consideración del Pleno, primero, la moción de Cedeño (aprobar la reforma en dos secciones divididas de tal manera) y, luego, la moción de Araujo (que el informe se vote en cuatro bloques), el presidente dispuso directamente la votación de cada uno de esos bloques: primero los dos de Cedeño, que fueron rechazados, y luego los cuatro de Araujo, que no llegaron a votarse. Un sistema que no conduce a nada pero que confusamente evita el archivo de las mociones. Cualquier cosa con tal de no dejar a los correístas solos votando por reformas que nadie más quiere. Tampoco es cuestión de pelearse con ellos.

Reforma sin argumentos jurídicos

Desde el 19 de enero, cuando José Agualsaca propuso (sin explicarlas) unas reformas al recurso de revisión que se limitó a mandar por escrito, ningún correísta ha fundamentado jurídicamente su pertinencia. Ni siquiera el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño, que nunca se ha referido a ellas. El jueves esto cambió: por primera vez el correísmo defendió esa reforma, pero lo hizo en términos políticos.