El Pleno de la Asamblea Nacional siguió los pasos del debate sobre la inseguridad en las redes sociales: como ellas, quiere mano dura contra la delincuencia y quiere policías sin complejos a la hora de aplicarla. En ese empeño, muchos asambleístas se muestran dispuestos a tolerar hasta los excesos. El segundo y definitivo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que hasta el momento había girado sobre el tema dominante del aborto, finalizó ayer con un consenso claro: si los policías tienen armas, es para dispararlas. Al cierre de la sesión, fue el presidente César Litardo quien aportó una perspectiva más prudente. Su propuesta, técnica y desapasionada, evitará que el Código se convierta en un compendio de populismo penal para entusiasmo de las redes sociales.

“¡Que la Policía Nacional pueda actuar con total fuerza y que sepa que el Estado la va a proteger!”. Con esta arenga, el vicepresidente César Solórzano (Sociedad Patriótica) no solo abrió el debate por la mañana sino que fijó sus términos. En una penosa intervención que bien pudo haber leído el secretario, pues todo lo traía escrito en Power Point, Solórzano equiparó dos casos de gran impacto: el de Diana Ramírez, apuñalada por su pareja en Ibarra, ante un grupo de policías que no se atrevió a dispararle; y el de José Padilla, muerto de un tiro en la nuca en Mascarilla, por un antimotines que hoy se encuentra preso. Otros después de él repitieron esta misma comparación. Y, como él, pidieron que se apliquen siempre medidas sustitutivas a la prisión para los policías acusados de uso excesivo de la fuerza.

En un debate claramente fundado en el aparentemente indiscutible concepto de que la Asamblea debe legislar a favor de las víctimas, no de los delincuentes, la idea misma de “uso excesivo de la fuerza” entró en suspenso. “No puede ser posible -dijo por ejemplo Fredy Alarcón- que por hacer bien su trabajo haya policías encarcelados”. Y con “hacer bien su trabajo” se refería a abusar de un detenido. Ese era el tono del debate. Cosas de este calibre se repitieron sin que nadie se despeinara, como si no hubiera diferencia entre la Asamblea y el Twitter. Y se llegó aún más lejos: Patricio Donoso (CREO) pidió que se eliminara del Código Penal el artículo que establece una pena de prisión de 3 a 10 años a los policías que, como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza, provocara la muerte de una persona.

Cuando parecía que este espíritu de beligerancia terminaría recogido en el Código, César Litardo tomó la palabra y dijo algo que, insólitamente, no se le había ocurrido a nadie: “es necesario establecer la definición de uso progresivo de la fuerza”. Habló de “amenaza que requiera acción inmediata” (algo que no se aplica al caso de José Padilla, quien estaba corriendo en la dirección contraria al policía cuando recibió el balazo) y dijo que es necesario que exista una “proporción entre la amenaza realizada y la fuerza empleada para reprimirla”. Y lo más importante: propuso un artículo clave, en el que se establecen los niveles del uso progresivo de la fuerza. Son cinco: presencia policial (ante un riesgo latente); verbalización (técnicas de comunicación con el infractor); control físico (en caso de resistencia); técnicas defensivas no letales (con armas paralizantes, por ejemplo); y, solo en quinto lugar, fuerza policial letal.

La propuesta de Litardo fue la más técnica de un debate marcado por el apasionamiento y es casi seguro que pasará casi textualmente al Código. Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, se encargará ahora de sistematizar los aportes del debate y consensuar su redacción con los jefes de todas las bancadas. El lunes, dijo, estará listo el texto definitivo. La votación (para la que todavía hace falta establecer un mecanismo) será el miércoles 18 por la mañana.

Kronfle apela a la ley divina

Aunque no fue el tema dominante del debate de ayer, también se habló sobre la despenalización del aborto en casos de embarazo por violación. Guillermo Celi (SUMA), Henry Kronfle (PSC) y Héctor Yépez (CREO) se opusieron. Los dos últimos, con absoluto radicalismo. Que “se violenta la ley natural y la ley divina”, dijo el socialcristiano en abierto desafío al Estado laico. Yépez, además, volvió a proponer la abolición de la tabla de drogas, que María Mercedes Cuesta defendió.