La Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional convocó este miércoles al director del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo, para que rinda cuentas sobre las alertas y acciones que se hicieron para evitar masacres carcelarias.

Ramiro Narváez, titular de la mesa, pidió los resultados del trabajo de la entidad para que no existan más muertes violentas al interior de las prisiones y este señaló que sí se emitieron los avisos correspondientes, aunque no precisó el número en lo que va del año; y dijo que también hay situaciones que se escapan de su control.

“Aquí están las alertas, cada alerta evita una masacre, ahora si es que lo que está sucediendo va más allá de las alertas estratégicas... Bueno, hay que también señalar que puede haber una falla del control interno del determinado centro penitenciario”, justificó el funcionario.

En ese orden, su comparecencia no duró más de 10 minutos, una intervención que fue interrumpida por las preguntas y afirmaciones de los legisladores. En las alocuciones se observaron temas en relación con la falta de inteligencia penitenciaria y de la entrega de documentos o datos.

A ello, Cobo expuso que la ley no le permite entregar dichos pedidos y que en caso de que se reforme la normativa proporcionaría los informes solicitados; lo mismo con la creación de un centro de inteligencia penitenciaria. “Es que la ley no me permite, pues cambie la ley, ponga ahí que hay que crear una unidad penitenciaria aparte de la que ya tiene la policía y se lo hace. Usted la tiene que hacer y vote, no yo”, le increpó a la asambleísta correísta Patricia Núñez.

En la misma sesión se llamó al ministro del Interior, Juan Zapata, pero envió a su delegado, el viceministro Freddy Ramos, quien trató el tema de las denuncias contra los malos elementos de la Policía Nacional y defendió a la institución al indicar que el organismo es el que “más depura personal en el país”, también agregó que “no existen indicios de que se esté cubriendo temas de corrupción dentro de los altos mandos policiales”.

El viceministro comunicó que un aproximado de 5.000 uniformados entre policías y aspirantes han sido destinados para dar protección y asistencia a 32.500 reos en los centros de reclusión del Ecuador.