
CNE negó calificación de la RC5 para participar en la campaña por el referéndum
Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, pidió votar no al autoritarismo y a la violación de derechos
Con la abstención de Estela Acero y cuatro votos a favor, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió no calificar la inscripción de la Revolución Ciudadana (RC5), para ser parte de la campaña electoral del referéndum, convocado por el presidente Daniel Noboa.
La mañana del jueves 2 de octubre del 2025, Diana Atamaint, presidenta del CNE, justificó su posición señalando que del análisis realizado se evidencia que Luisa González, presidenta de la RC5, les presentó una acta suscrita por ella y por el secretario ejecutivo de la organización, que no cumple con los requisitos.
Sin embargo, no se especifica cuál fue el órgano del movimiento que tomó la decisión de apoyar el no en el referéndum. La convención nacional es el ente facultado, según el propio estatuto de la Revolución Ciudadana.
La consejera Elena Nájera recordó que es ese organismo (buró) el que valida ante la autoridad electoral que la posición política declarada por el representante legal (Luisa González) cuenta con el respaldo de su máximo órgano de dirección. La ausencia de ese documento es un incumplimiento de forma y de fondo, dijo.
La posición de la Revolución Ciudadana
Luisa González ya se pronunció días atrás sobre la posibilidad de no ser calificados. Aseguró que el CNE solo leyó una parte del estatuto de su movimiento, llamó "mamotreto" al informe técnico. En un video pidió a la población votar no "al autoritarismo, fraude y violación de sus derechos".
El domingo 16 de noviembre del 2025, los ecuatorianos irán otra vez a las urnas. En febrero y abril ya acudieron, para elegir presidente y vicepresidenta y asambleístas.
El movimiento del expresidente Rafael Correa buscaba inscribirse para hacer campaña electoral por el no en dos preguntas: eliminar de la Constitución la prohibición de establecer bases militares extranjeras en Ecuador y eliminar el financiamiento estatal al Fondo Partidario Permanente y al Fondo de Promoción Electoral.
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