Lo que no se pudo hacer en dos meses se logró en apenas un día. El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso el pie en el acelerador y ayer aprobó todo el plan operativo para la consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno.

El Pleno conoció los decretos de la convocatoria firmados por el mandatario el mediodía del jueves. Desde ese momento, las unidades técnicas empezaron a elaborar el plan operativo. El trabajo terminó a las 04:00 de ayer.

En el Pleno del CNE se vieron ayer caras de satisfacción entre los consejeros electorales. Todos los puntos relativos a la consulta, incluyendo el texto de convocatoria, que será publicado el 7 de diciembre, se aprobaron por unanimidad.

Con esto, el país entró en periodo electoral, lo que implica que el CNE se convierte en la máxima autoridad, por encima de las demás instituciones del Estado. Incluso de la Corte Constitucional (CC), que no pudo aprobar las preguntas planteadas por Moreno en los plazos legales y en donde reposa una demanda de inconstitucionalidad, planteada por un grupo de asambleístas del ala correísta de Alianza PAIS, a la convocatoria por decreto.

La presidenta del CNE, Nubia Villacís, advirtió que “una vez que se ha declarado el periodo electoral y se ha aprobado la convocatoria a elecciones, nada ni nadie las puede detener. Todas las demás funciones del Estado se ponen al servicio de la democracia, los servidores públicos de todos los niveles de Gobierno tienen que prestar las facilidades al CNE, de nosotros requerirlo”, dijo.

Esto deja sin piso el reclamo de los legisladores oficialistas, devenidos en opositores. Marcela Aguiñaga dijo el jueves que la demanda tenía como objetivo suspender los efectos de los decretos emitidos por Moreno llamando a consulta y que el CNE esté impedido de convocar a la consulta hasta que no se resuelva la acción en el ente constitucional.

El consejero Mauricio Tayupanta recordó que el artículo 286 del Código de la Democracia señala que las autoridades que incumplan con las decisiones que emitan los órganos electorales pueden ser sancionadas con la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos, por seis meses.

El 5 de diciembre se realizará el cierre del registro electoral definitivo, aunque ya hay una proyección sobre el número de votantes que participarán en la consulta popular del 4 de febrero (ver gráfico). Esto permitirá definir el presupuesto que será asignado a las organizaciones sociales y políticas que se inscriban para hacer campaña por el sí o el no.