Una guerra de acusaciones y desmentidos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) salió ayer al paso para negar que el registro electoral, que será usado en febrero, tiene más del 7 % de inconsistencias, como asegura la oposición.

Para esto, el CNE se unió al Registro Civil. Funcionarios de las dos entidades presentaron vídeos y otros documentos que probarían que las aseveraciones del exauditor Néstor Marroquín carecen de veracidad.

El jueves, varios asambleístas de oposición escucharon por una hora a Marroquín, quien expuso casos de personas muertas que siguen en el registro, con cédulas duplicadas o que nacieron hace más de cien años, entre otras probables irregularidades.

Por ejemplo, aún consta el nombre de Marino Moya Enríquez, fallecido en 1968. Diego Tello, director de procesos electorales del CNE, reconoció que esta persona no ha sido eliminada del registro, pero mostró dos imágenes del padrón en las que se leía que ‘No Votó’ en 2013 y tampoco en 2014.

¿Por qué no se ha borrado a estos muertos del registro poblacional? El subdirector del Registro Civil, Claudio Prieto, aseguró que ese trabajo no lo puede hacer, por su cuenta, la entidad a su cargo.

“Es necesario que un familiar, de preferencia, un allegado o alguien que haya conocido a la persona que ha fallecido lo haga. Si ellos (los opositores) saben de un caso de esos es su obligación civil notificarlo”, dijo.

Luego llegó el momento de rodar los vídeos. Esto para mostrar los testimonios de algunas personas que, según la oposición nacieron en 1889, pero que en realidad son de 1989, por lo tanto están vivas y habilitadas para sufragar, explicó Tello.

Los funcionarios reconocieron que el registro no es perfecto, pero dicen que las fallas no superan el 0,1 %. Algunas podrían ser resueltas recién luego de las elecciones de febrero.

Esta causa preocupación y desconfianza en las organizaciones políticas de oposición que plantean varias acciones de tipo legal y en el ámbito legislativo. Acudirán, en los próximos días, a la Fiscalía General para poner una nueva denuncia; analizan llamar a juicio político al presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, y esperan llegar a organismos internacionales con las supuestas irregularidades. CRR