El argumento, las discrepancias y las dudas son las mismas aunque la contraparte es diferente. El Estado tiene una intensa batalla con sus acreedores desde el año pasado. Con ninguno coincide en cifras ni ofrece fechas de pago concretas.

Para el Observatorio de Política Fiscal, organización de la sociedad civil que monitorea el manejo de las finanzas públicas, el principal problema es la falta de transparencia en el aparato estatal.

Su director, Jaime Carrera, manifiesta que es inadmisible que la ciudadanía no sepa cuánto debe, al menos, a cuatro acreedores.

Él asegura que hay registros inadecuados que impiden conocer el monto real de los haberes. Una situación similar a la de deuda pública. No existe claridad, dice, sobre las cuentas nacionales.

La Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) coincide con Carrera. Las dos instituciones exigen información para cumplir con sus análisis macroeconómicos.

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador (Solca) es el último ejemplo. Sus voceros pidieron, la semana pasada, el pago de 130 millones de dólares para no afectar las atenciones de sus pacientes. La respuesta fue enérgica y vino de dos ministros y del presidente Rafael Correa.

Fausto Herrera y Margarita Guevara, principales de Finanzas y Salud, destacaron el pago de 15 millones de dólares a la casa de salud. Correa, por su parte, dijo que la cuenta pendiente llega a 22 millones de dólares y reconoció que hay 27 millones en auditoría.

Pese a la desigualdad de cifras, el mandatario ofreció una reunión con los voceros, la próxima semana. Esa cita la condicionó ayer el presidente en la sabatina.

Con quienes no hay encuentro pactado es con los líderes de gobiernos seccionales. La cantidad adeudada superaría los 460 millones de dólares. El ministro coordinador de Política Económica, Patricio Rivera, explicó que es el equivalente a dos meses impagos. Los prefectos aseguran que a ellos les faltan 142 millones. Los alcaldes hablaron de 800 millones.

Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, tomó la bandera de lucha por las rentas. Él cuestionó el último anuncio del presidente Correa de revisar la asignación no permanente a los gobiernos locales. Este año, apuntó, ya se hizo un ajuste.

Según el presupuesto de 2016, los seccionales no recibirán recursos por la exportación de crudo. En su lugar tendrán 50 millones de dólares para distribuir, por las salvaguardias vigentes hasta junio.

El manejo de información es aún más complejo en la deuda con proveedores. De acuerdo a Rivera, se pagó al 90 % de los contratistas (unos 25.000). Aclaró que son pequeñas empresas. El rubro grande está en el 10 % restante –petroleras, por ejemplo–. El pago, cercano a los 800 millones de dólares, llegaría en las próximas semanas.

La lista incluye, además, a la seguridad social de militares. Los oficiales en servicio pasivo argumentan que la deuda es de 329 millones. El Gobierno tiene estimados menores.

A criterio de Herrera, hasta abril se saldrán las cuentas. La solución es el financiamiento externo.