Ciudadano solicita el derecho de replica a vocal de la Judicatura

En el rotativo de su digna dirección, el martes 12 de abril del presente año pude leer unas declaraciones del abogado Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura. Uno de los problemas de los señores de AP es creer y actuar como si los ecuatorianos fuésemos una manga de estúpidos. Es tan repetitivo y cínico el lenguaje que todos ellos utilizan como loras, que francamente es cansino de ver, escuchar y leer pues ni siquiera para eso tienen una mínima dosis de creatividad.

Que la función jurisdiccional sea autónoma y que “nadie haya tocado el poder del juez” es francamente aberrante y ridículo, pues los miembros de dicha función no importa su nivel son empleados del ejecutivo que solo cumplen sus órdenes al pie de la letra, inclusive de aquellas que se manifiestan en las tristemente célebres sabatinas.

Huelga decir que todas las demás funciones del Estado cojean de la misma vergonzosa pata.

Pruebas al canto: Durante este gobierno y solo por ser hermano del alcalde de Guayaquil se ha desatado una grosera persecución en contra de mi persona mediante dos coactivas de la Superintendencia de Bancos.

La primera en 2011, un año más tarde desistida por la propia Superintendencia. Y la segunda incoada por el superintendente actual a partir de mediados del año pasado. La primera por $ 5 y medio millones y la segunda por $ 12 millones, sin prueba alguna, otra que la torpeza, arbitrariedad e ilegalidad cometidas por esa institución, otrora respetable y respetada.

Es así que el doctor Gonzalo Villacreses el 23 de noviembre de 2015 concedió a JENESA S.A (empresa no coactivada y cuya representante legal es la señora Carla Nebot de Marcet), una medida cautelar mediante la cual y por razones de fundamento constitucional se revocaron 7 embargos practicados por la SB. Por supuesto, la funcionaria cobradora solicitó la revocatoria y una audiencia fue concedida un par de semanas después a las partes.

En esa audiencia, abogado Arbito, participaron un tropel de funcionarios públicos ajenos a la SB y a la Procuraduría tales como Transparencia, Corte Nacional de Justicia y por supuesto su Consejo de la Judicatura, quienes no tuvieron ni siquiera vergüenza de intimidar al juez con acciones de personal si no la revocaba. En efecto y al día siguiente y frente al pelotón de ejecución, al juez no le quedó otra cosa que revocarla o perder su cargo.

La historia no termina allí, pues la empresa apeló de la referida resolución y la sala penal de la Corte Provincial por decisión unánime de los doctores Loyola, Manzur y Poveda, mediante sentencia la concedieron y revocaron por segunda ocasión los 7 embargos, situación que se mantiene hasta hoy.

Por supuesto, ¿cómo iba a permitir la SB y los demás funcionarios públicos dizque jueces de instancias legales que nada tenían que ver con la misma, quedarse tranquilos? No, acudieron en manada a dicha Sala y volvieron a intimidar a sus magistrados públicamente en el sentido que perderían sus cargos si no revocaban dicha sentencia.

Esto es lo que sucede en la actualidad y sin ningún asidero legal en este caso, con su “nueva justicia ecuatoriana”. Desde hace 38 años ejerzo mi profesión de abogado registro #2362 y de ingeniero comercial hace 40 años registro #020, y por lo mismo con la autoridad moral que me asiste debo informar a usted que la función jurisdiccional actual es peor que cualquiera de las anteriores, tanto por su torpeza, cuanto por su ignorancia, y finalmente por su falta de probidad; y tengo ejemplos que me han ocurrido a mí relativos a la comisión de ese trío combinado de desafueros.

Y cuando usted desee conversar de los mismos conmigo, tendré el gusto de demostrarle el cometimiento combinado de las tres anomalías, excepto por supuesto de aquellos casos como el mío, en el cual mi delito ha sido ser consanguíneo de un funcionario público que no obedece consignas de ustedes ni de nadie, por poderoso que sean quienes con total desfachatez las ordenan.

José E. Nebot S.